Por Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere | Durante años el gobierno mexicano ha usado una poderosa herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos. En teoría nadie escapó al fisgoneo de sus cuentas de correo, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Y esa herramienta la maneja una compañía, Hacking Team, que tiene entre sus clientes, además de la federal, a muchas administraciones estatales. Pero la empresa del superespionaje fue espiada y vulnerada, así que la información ilegal –política, financiera e incluso personal– de sus espiados está ahora al alcance de casi cualquiera en internet.

El ataque cibernético en contra de la empresa italiana Hacking Team –asunto que se hizo público el domingo 5– fue catastrófico para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y una docena de gobernadores. La intervención y filtración de las bases de datos de la empresa productora de programas y desarrollos informáticos puso al descubierto que desde el sexenio pasado las autoridades mexicanas espían a sus ciudadanos.

Aunque la información se refiere sólo a una empresa proveedora de ese tipo de software, las bases de datos hackeadas (es decir, vulneradas, descifradas y robadas) demuestran la intensidad de los gobernantes mexicanos en materia de espionaje. La referencia principal es que, hasta antes del ataque, México era la principal fuente de ingresos de Hacking Team. Por entidades, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era su tercer cliente más importante en el mundo.

La puerta de entrada de Hacking Team a México fue el propio Peña Nieto. Cuando era gobernador del Estado de México, su administración contrató en 2009 a esa empresa de Milán. El propósito fue equipar a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) con un software que le permitiera hacer el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas “objetivos” de su gobierno.

Computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos, cuentas de correo, redes sociales, contactos, mensajes escritos o de voz, chats, conversaciones por Skype, imágenes… toda la información de esos “objetivos” ha sido hurgada desde entonces no sólo por el gobierno del Estado de México, sino por el federal y, desde hace dos años, por otros gobiernos estatales y hasta por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Abierto así el camino en México, Hacking Team es desde hace seis años proveedor del gobierno federal, y desde hace dos, de una creciente lista de administraciones estatales.

El principal producto que han comprado es un potente sistema llamado Remote Control System, capaz de penetrar de manera simultánea “miles” de celulares y computadoras, desde donde infiltra las cuentas personales en Facebook, Google, Yahoo, Gmail, etcétera, para extraer imágenes, correos, chats y mensajes de texto con archivos adjuntos de voz. También puede extraer datos y multimedia y hacer inútil la encriptación.

Con México como uno de sus principales compradores, hasta antes del ataque cibernético Hacking Team tenía planeado expandirse. Para octubre próximo está anunciado como uno de los patrocinadores del encuentro internacional Telestrategias, que se realizará en la Ciudad de México organizado por ISS World Latin America, empresa dedicada a los sistemas de apoyo de inteligencia para intercepción legal, vigilancia electrónica y obtención de ciberinteligencia.

Pero más importantes eran las intenciones de compra que le habían manifestado tanto el gobierno federal como algunos estatales, una vez que pasaran las elecciones del pasado 7 de junio.

Tierra de oportunidades

En el gobierno federal, los programas de la empresa italiana han sido comprados desde el sexenio pasado para las secretarías de Gobernación (Cisen y Policía Federal), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta para Pemex.

Entre la información de la empresa hecha pública el lunes 6, está el plan estratégico de Hacking Team para México, al cual la empresa caracteriza como clave para sus ventas en el Continente Americano.

Además del gobierno federal, el plan identifica como clientes a los del Estado de México, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California. La peculiaridad común es que la agencia responsable ante la empresa italiana es, en todos los casos, la “oficina del gobernador”. Por el tiempo en que esos gobiernos compraron los equipos se trata de los actuales mandatarios estatales.

En el caso del Estado de México, los equipos han sido para los Cusaem y la Procuraduría General de Justicia.

Además, según la información intervenida, Sonora y Nayarit eran considerados el año pasado por la empresa como “oportunidades”, mientras que los actuales gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Zacatecas, además de la Sedena y la Policía Federal (PF), tenían prometidas compras para el tercer trimestre del año pasado. En el caso de la Defensa, por 510 mil euros, y en el de los gobiernos, 350 mil cada uno.

Desde 2009 la inversión conjunta del gobierno federal y los estatales ha sido de 5 millones 808 mil euros, que al tipo de cambio actual equivalen a unos 100 millones de pesos, que han salido de los presupuestos públicos. Un costo relativamente bajo para las ganancias que las autoridades federales y estatales han obtenido en el conocimiento de sus blancos a seguir.

Pero 2015 iba a disparar esa cifra. Pasadas las elecciones, los vendedores de Hacking­ Team respondieron a solicitudes de cotizaciones por parte de varias instituciones y entidades para adquirir la última versión de su sistema Galileo.

Días antes del hackeo y de la exhibición de la base de datos de la empresa, sus intermediarios advertían que los contratos estaban prácticamente ganados. Otra vez, para el gobierno federal y otros gobiernos estatales. Para la PF se elevaba a 785 mil euros. Para la Sedena, a más de 1 millón 500 mil euros. Para la Unidad Antisecuestro de Jalisco, a 925 mil euros. La propuesta para Guerrero, fechada al 21 de enero de 2014 y calificada de “extremadamente confidencial”, se elevaba a 610 mil euros.

Las bases de datos de Hacking Team incluyen listas e historial de sus clientes, las empresas intermediarias que colocaron el equipo en México y otros países, nombres de ejecutivos y operadores, correos electrónicos, facturas, cartas de crédito, bitácoras y todo tipo de información que muestra las relaciones comerciales de la empresa.

En total, más de 400 gigabytes de la empresa italiana y sus clientes, entre los que destaca México. Otros de los compradores de software de intrusión son Marruecos, Arabia Saudita, Malasia, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Chile, además de Italia y Estados Unidos.

Desde el sexenio pasado

El sofisticado ataque cibernético llevó días, incluso semanas, superando nuestras defensas, explica a Proceso Eric Rab, jefe de marketing y oficial de comunicaciones de Haking Team. “Hemos hablado con nuestros clientes, les hemos explicado lo que sabemos del ataque y les hemos pedido suspender cualquier investigación que tengan en curso. Todos los clientes han acordado hacer eso”, respondió vía electrónica.

En esa condición se encuentran por lo menos una veintena de compradores mexicanos, a decir de la información consultada por este semanario. Después de las compras en 2009 del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se desató la adquisición de equipo por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón y luego de gobiernos estatales.

En 2010 el gobierno federal empezó a comprar a través del Cisen y de la PF. Al siguiente año, la Marina se convirtió en nuevo cliente. Según lo reportado por las propias dependencias a la empresa italiana, el Cisen tenía 140 “objetivos”; la Marina, 100, y los Cusaem, 100.

A cargo entonces de Guillermo Valdés Castellanos, el Cisen ha sido el principal comprador de software intrusivo y ofensivo a Hacking Team.

Entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, la agencia de seguridad del Estado mexicano ha comprado a la empresa italiana equipos y software por 1 millón 390 mil euros.

El Cisen y los Cusaem han sido los únicos adquirientes mexicanos directos de ese tipo de programas informáticos. Las demás autoridades mexicanas han adquirido el llamado software “defensivo” y lo han hecho a través de empresas privadas.

Las empresas identificadas como intermediarias son Teva Tech de México, Sym Servicios Integrales, Elite by Carga y Dynamic Trading Exchange, con contratos firmados. También están como distribuidores oficiales Neolinx, Grego y Cloudsec, aunque hasta donde indica la información no habían concretado ventas en el momento del hackeo.

El empresario de seguridad Eduardo Margolis, implicado por Florence Cassez­ en su caso judicial en México, también intentó convertirse en intermediario de Hacking Team con su empresa Epel, al ofrecer a los ejecutivos italianos sus “relaciones de alto nivel con el gobierno mexicano” y sus contactos con el de Israel.

De acuerdo con las facturas exhibidas, esas empresas intermediarias adquirieron entre 2012 y 2014 licencias para explotar el Remote Control System, en sus sucesivas versiones, primero Da Vinci y luego el más sofisticado Galileo, capaces de penetrar varios targets (objetivos) al mismo tiempo.

Mina mexiquense

Después del Cisen, la entidad que más ha gastado en el software de la empresa italiana es el Estado de México. Con Peña Nieto, en 2009, gastó 400 mil euros; después, en 2012, ya en el actual gobierno de Eruviel Ávila, 783 mil euros para la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En el primer caso, el responsable de los Cusaem era Ciro Mendoza Becerril, considerado protegido del entonces gobernador Peña Nieto. El organismo dependía de la Agencia de Seguridad Estatal –hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana–, a cargo entonces de David Garay Maldonado, actual responsable de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Por lo que hace a la PGJ mexiquense, la primera vez que entró en contacto con la empresa de Milán fue en 2012. Ese año la procuraduría tuvo dos titulares: Alfredo Castillo, excomisionado del gobierno de Peña Nieto en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional del Deporte; y Miguel Ángel Contreras Nieto, actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Eruviel Ávila y procurador de Protección Ambiental del gobierno estatal de Peña Nieto.

Después del Estado de México y el gobierno federal, a partir de 2013 los gobiernos estatales empezaron a comprar el software y su actualización. Ese año fueron Querétaro, Puebla y Campeche; además de Pemex, con Emilio Lozoya Austin como director.

En 2014 se sumaron Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, Yucatán, Durango y Jalisco. De acuerdo con los reportes, durante 2015 esas entidades han hecho o tienen que hacer pagos de mantenimiento.

En cuanto se conoció que México era un importante comprador de software para espiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien depende el actual director del Cisen, Eugenio Ímaz, aseguró que la adquisición había ocurrido en el sexenio pasado. Pero las bases de datos demuestran que el gobierno de Peña Nieto ha pagado 410 mil euros para mantenimiento y actualización del software.

En México Hacking Team enfrenta a la competencia del programa FinFischer –desarrollado por la alemana Gamma Group– y del oneroso sistema Pegaso, producido por la israelí NSO Group y que distribuye aquí Security Tracking Devices.

Durante las administraciones panistas, el Cisen y la PF adquirieron, mediante esa empresa, equipo de espionaje de Estados Unidos, según contratos del Departamento de Estado publicados por este semanario en 2013 (Proceso 1915).

Uno de los operadores fue el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien antes ya se había hecho de equipos de espionaje también a través de esa oficina del gobierno estadunidense, cuando era director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el gobierno de Vicente Fox. En ese entonces, García Luna pidió “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.

La sucesora de la AFI en la PGR es la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón de Lucio, quien aparece en las comunicaciones internas de Hacking Team como uno de los principales negociadores por parte de México.

Con García Luna como secretario de Seguridad Pública, la PF estaba a cargo de Facundo Rosas cuando Hacking Team vendió software a la corporación en 2010. De él dependían los programas informáticos de espionaje, pero debió salir de la institución en 2012 tras un fallido operativo en la normal rural de Ayotzinapa, que dejó dos estudiantes muertos.

En abril siguiente fue rescatado por su paisano, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien lo designó secretario de Seguridad Pública estatal. En 2013 Moreno Valle compró por primera vez el software de Hacking Team para “10 objetivos”. Según las bases de datos intervenidas, hasta agosto del año pasado la administración de Moreno Valle había pagado 428 mil 835 euros, entre compra, mantenimiento y actualización de los programas.

En el caso de Querétaro, la compra fue hecha también en 2013 por el gobierno de José Calzada mediante la empresa Teva, y manifestó sólo cinco “objetivos”. El gobierno de Fernando Ortega Barnés, en Campeche, adquirió el software a través de Servicios Integrales para 25 “objetivos”.

En el caso de Tamaulipas, ya en 2014, el equipo fue a parar a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general de brigada Arturo Gutiérrez García, quien relevó a Rafael Lomelí Martínez. En Yucatán, el software lo compró la administración de Rolando Zapata Bello; en Durango, la de Jorge Herrera Caldera, y en Jalisco, la de Aristóteles Sandoval.

Entrevistado por Proceso, Eric Rab aseguró que con su “código fuente imprudentemente puesto en internet, ahora está disponible a cualquiera que le quiera dar un uso bueno o malo. Consideramos que subir este código a la red mundial es un acto impactante e intolerable que debe ser castigado por cualquier medio legal posible”.

Este reportaje se publicó en la edición 2019 de la revista Proceso del 11 de julio de 2015.

El verano peligroso de este año ya enciende alertas en el país. Por Luis Baylón | El verano llegó de lleno y eso ya se resiente con las altas temperaturas que se registran en los estados del norte del país.

La Conagua ha recomendado a la población en esta temporada mantenerse hidratado, evitar largos periodos de exposición al sol y vestir en colores claros.

Gran parte del territorio nacional estará presentando temperaturas superiores a los 40°C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, las regiones norte de Hidalgo y Puebla, los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas más altas reportadas el día de ayer fueron en el área de Mexicali de 49.7°C; Altar, Sonora (45.5°c); Ciudad Juárez (43.5°C); Choix, Sinaloa (42.6°C); Matlapa, SLP (39.8°C); en la unidad de monitoreo de Observatorio en Ciudad de México se registraron 24.6°C.

Mexicali (49.7°C); Altar, Sonora (45.5°c); Ciudad Juárez (43.5°C); Choix, Sinaloa (42.6°C); Matlapa, SLP (39.8°C)

Aun siendo verano hay sitios con temperaturas significativamente bajas como La Rosilla, Durango (2°C); José Trinidad Fabela, Edomex y Chignahuapan, Puebla registraron (4°C), la unidad de Observatorio alcanzó 12.6°C, dio a conocer Conagua.

Mientras tanto hay que sobrevivir a este verano que apenas empieza y atender las recomendaciones de las autoridades.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL, la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero.

De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.

Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos a su partido, el PRI.

Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua.

Este diario constató que una de las acusaciones contra el ex gobernador Duarte es que quitaba 10% de su salario a servidores públicos para destinarlos al fortalecimiento económico del Revolucionario Institucional.

El PRI en Chihuahua es dirigido desde el 26 de febrero de 2016 por Guillermo Dowell Delgado, quien formó parte del gabinete de César Horacio Duarte como su representante en Ciudad Juárez, cargo al que renunció para encabezar al tricolor chihuahuense.

Ayer se confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República, solicitó a un juez federal la detención de Duarte por el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas.

El detalle de la denuncia. La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se revisaron  las finanzas del estado y se encontró que  durante los seis años de la administración del priísta se hacía un descuento mensual a los trabajadores.

La información recabada por este diario señala que a un total de 700 trabajadores del gobierno del estado se les retenía 10% de su salario.

De acuerdo con las fuentes consultadas que tienen acceso al expediente, esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.

Se trataba de una concentración del recurso y después de manera mensual se expedía un cheque, que era depositado en una empresa particular.

El cheque se entregaba al tesorero de dicho instituto político en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia.

Entidad investigada. Durante el proceso que se sigue contra el ex director de Administración de Chihuahua, Gerardo Villegas, un testigo protegido reveló en abril pasado que César Duarte desvió 250 millones de pesos para financiar diversas campañas del PRI en 2016.

El Ministerio Público señaló que el testigo protegido acusó que Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, y Gerardo Villegas habían tomado los 250 millones de pesos del erario por órdenes de Duarte Jáquez.

Para poder bajar esos recursos, como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 1 de abril, se usaron cuatro empresas mediante contratos para el desarrollo de programas computacionales, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia.

Un día antes de que se dieran a conocer las revelaciones del testigo protegido se informó que la Interpol había publicado una “ficha roja” de César Duarte, con lo que se activó un protocolo internacional para detener al ex mandatario en cualquiera de los 190 países que forman este mecanismo policial.

El 1 de abril la Fiscalía General de Chihuahua cateó simultáneamente al menos tres propiedades del ex gobernador Duarte, quien cuenta con orden de aprehensión en la entidad y en Estados Unidos.

Apenas el 10 de junio pasado fue detenido el ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, por presuntamente haber manipulado el resultado de diversas auditorías a su cargo con el objetivo de encubrir al ex gobernador Duarte.

Esparza Flores renunció a su cargo en enero pasado, tras haber sido acusado en el Congreso local de haber alterado diversas cuentas públicas a fin de ocultar millonarios desfalcos al erario.

El 7 de junio del año pasado, Chihuahua vivió una jornada electoral donde los ciudadanos eligieron nuevo gobernador, renovaron a los integrantes del Congreso del estado y votaron por 67 presidentes municipales e integrantes de cabildos.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/20/pgr-pide-detener-cesar-duarte-por-desviar-10-mmdp

(Aut. LG)

Juliana Fregoso | Las elecciones del 4 de junio en cuatro estado mexicanos presuntamente marcarían la pauta y aclararían el panorama hacia los comicios presidenciales de 2018. Pero las sospechas de fraude, las impugnaciones de la oposición y las controversias al interior de los mismos partidos políticos sólo crearon más confusión de cara “a la grande” (como se le llama a los comicios para elegir el titular del Poder Ejecutivo).

Por Ernesto Villanueva (Proceso).- Han pasado las elecciones del Estado de México y toca seguir adelante. No tengo duda de que Andrés Manuel López Obrador no acumula riquezas como finalidad para ejercer el poder público. Creo que en gran medida lo anima un deseo auténtico de hacer una reforma en el diseño institucional del país tan grande como sea posible. En todos estos años ha podido escuchar de primera mano las múltiples historias de corrupción e impunidad que gozan de cabal salud a lo largo y ancho del país. Distintas encuestas coinciden en que si hoy fueran las elecciones, él sería el ganador prácticamente indiscutible, pero no es el caso.

Faltan, sin embargo, varios meses en los que todo puede suceder. Las elecciones del Estado de México deben ser una lección aprendida de lo mucho que falta para conmover a una sociedad diletante, apática, corruptible, con un bajo nivel educativo y ausencia de valores democráticos. Y el Estado de México no es la excepción. Esa circunstancia se repite, en mayor o menor medida, en todo el país.

Además de lo anterior, advierto varios puntos que con toda seguridad serán aprovechados para hacer naufragar, de nueva cuenta, la aspiración legítima de López Obrador por ser presidente de la República.

He revisado con mis alumnos diversas entrevistas que le han hecho en los últimos meses. Hay un común denominador: un discurso elemental, ausencia de formación, falta de lecturas básicas y déficit de reflejos políticos en su interacción con los medios en ambientes no controlados. Por si lo anterior no fuera suficiente, se perciben problemas recurrentes de autocontención ante preguntas que considera incómodas, incorrectas o agraviantes. Con razón o sin ella, Andrés Manuel reacciona justo al contrario de lo que sugieren todos los cursos de entrenamiento de medios que ponderan mantener el control de sí mismo.

En semanas pasadas, en una entrevista con Carmen Aristegui, puso en evidencia su impericia jurídica en cuestiones básicas cuando la periodista le preguntó si un expresidente puede ser sancionado. No supo qué contestar, y al final lo hizo mal y de malas. Peor aún, tuvo un trato poco comedido con Aristegui, haciéndole acusaciones implícitas de “cumplir su papel” –entiendo que de actuar al margen del periodismo y adoptar una inverosímil postura de denuesto contra el presidente nacional de Morena. Habría que recordar que Aristegui tiene entre su audiencia a un amplio sector que comulga con López Obrador.

Antes, un desencuentro más claro lo había tenido con José Cárdenas, quien puede ser señalado de todo, menos de ser un mal periodista. Las preguntas que le formuló tenían un claro interés público y la reacción de AMLO fueron imputaciones personales contra el comunicador, quien reaccionó, no sé si de modo correcto o no, pero ciertamente no dejó pasar que lo acusaran de delitos no sólo sin pruebas, sino sin indicio alguno.

En la misma tónica, semanas atrás y con Ciro Gómez Leyva –quien es evidente que tiene una mala relación con Andrés Manuel–, el dirigente de Morena no pudo hilar un tejido argumentativo con una mínima solidez. Vamos, no pudo señalar un solo acto de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto –a pregunta expresa– y se salió por la tangente, poniendo de relieve su falta de credenciales cognitivas. Y vaya que hay muchos actos de corrupción de Peña Nieto comprobables. Yo, en mi oportunidad, llamé la atención sobre la sarta de mentiras del presidente en su declaración patrimonial.

Y si se compara, por ejemplo, la formación de Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, con la de Andrés Manuel, sería tanto como comparar un jugador de primera división con uno de futbol llanero. No defiendo el gobierno de Núñez, pero nadie me podría cuestionar que la izquierda tiene pocos –muy pocos– polemistas formados e informados como este tabasqueño que dejó de estar en el círculo cercano de López Obrador por el pecado de hablar con la verdad. Y día con día se puede ver que AMLO se empieza a convertir menos en un líder político y más en un dirigente de una religión, pues lo que dice no es motivo de reflexión, de deliberación, sino que apela a volverse un acto de fe que no admite discusión alguna.

Hay muchos seguidores que, pienso, en su fuero interno saben que está cuesta arriba el triunfo de este personaje, pero se mantienen porque van en busca de los cargos públicos que tendrían a resultas de un triunfo en la elección presidencial. Esas almas se venden como nobles y puras, aunque sólo ven por sí mismas.

Es lamentable que el principal opositor del régimen priista corrupto y corruptor se vaya quedando atrás de las necesidades que las prácticas democráticas exigen. Mucho lograría, en caso de animarlas, de sacar del mexicano el coraje acumulado por los agravios sufridos por generaciones enteras, lo que debe ser expresado en participación cívica efectiva, en salir a votar, en defensa del sufragio.

Mucho indica que Andrés Manuel ha extraviado el camino y que, contra lo que sus seguidores creen, no es el imán que puede unir a las diversas tonalidades de la izquierda mexicana. Se está convirtiendo, para mal del país, en un pasivo más que en un activo para esa unidad de la izquierda que el país tanto requiere, mientras el PRI y sus aliados hacen lo que quieren con lo que queda del país.

ernestovillanueva@hushmail.com

@evillanuevamx

XALAPA, Ver. (apro) .-La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Fiscalía General del estado (FG) la atracción de las denuncias penales por enriquecimiento ilícito contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, interpuestas en 2015 y 2016 por el exgobernador priista Javier Duarte -hoy preso en una cárcel de Guatemala-, diputados locales y federales del PRI y por la dirección jurídica del SNTE sección 32.

En varias querellas, a Yunes lo acusan de tener una veintena de propiedades en Veracruz, Ciudad de México y el extranjero, así como de constituir sociedades mercantiles para sus hijos, aprovechándose de su cargo en la dirección general del ISSSTE en el último tramo del sexenio del panista, Felipe Calderón.

Las querellas penales también alcanzan a los hijos del mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde de Boca del Río y a Fernando Yunes Márquez, edil electo del Puerto de Veracruz.

La atracción y deslinde de diligencias de la Fiscalía General del Estado -organismo autónomo en Veracruz- contiene un dato sui generis que la titular de la FGE radica en Jorge Winckler Ortiz, precisamente habilitado en 2015 y 2016 como abogado personal de la familia Yunes, para enfrentar las querellas.

En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise) de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo Federal de la Judicatura se detalla que en el expediente 1224/2015 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río, se tomó la siguiente determinación:

“La investigación ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del servicio público, iniciada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, fue solicitada mediante oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016 suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en ejercicio de la facultad de atención de la Procuraduría General de la República, motivo por el cual comunicó al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el acuerdo dictado en ese sentido”.

Por ello, a partir de ahora todas las diligencias contra Yunes Linares serán investigadas por la dependencia federal dentro del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015.

El cuadernillo judicial virtual señala que en el expediente 1224/2015 ante el juzgado cuarto de distrito ya se comunicó al titular de la Fiscalía estatal que la investigación ministerial fue solicitada con el oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Un diputado federal priista consultado al respecto, consideró que esta atracción tardía de las querellas contra Yunes Linares por parte de la PGR corresponde a una “contraofensiva” del senador priista, Héctor Yunes -primo hermano del actual gobernador panista- luego de que este filtrara audios y videos en donde se escucha la voz del exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez, asegurando que Javier Duarte le entregó al otrora candidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes, mil 300 millones de pesos para la campaña y que aun así perdió.

(apro).- “Guardias, desalojen al periodista por favor. Manden a desalojar a esta persona”, pidió el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, a los soldados que vigilan el penal El Renacer, de Panamá, donde se encuentra recluido desde el pasado domingo 4, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El guardia a quien Borge se dirigió, respondió: “Si usted manda a desalojar a sus visitas, entonces no permitiremos que lo visiten. ¿Cómo sabremos qué visitas quiere y cuál no? ¿Y sabe señor? Aquí a la visita se le respeta. Está en su derecho de no aceptarlo, pero aquí no desalojamos a nadie”.

Lo anterior se desprende del texto publicado ayer por el periodista Pedro Canché –encarcelado en México durante nueve meses por órdenes de Borge Angulo– en su portal de internet.

A continuación, el texto completo:

A lo lejos desciende una figura con un lento caminar. Sus pasos son flojos a pesar del declive que lo favorece. Su playera azul celeste contrasta con el verde intenso de los árboles y la tierra negra de los cerros. Estrena un pantalón talla 38 de la tienda Davensa.

Salió de un edificio estilo escuela primaria con tejas rojas. Dos cercos de alambre dividen esas “aulas” del área de visitas. El caminar de los presos en la cárcel El Renacer es ágil, sobre todo quienes reciben visitas. Y cómo no. Los presos de esa prisión ansían ver a sus leales familiares y sus encargos.

Pero el hombre con pelo peinado hacia atrás camina como si sus piernas fueran de auténtico plomo.

Hay que vestir de polo color morado, de lo contrario los guardias prohíben pasar a visitar a los encarcelados. La tienda Davensa, ubicada en la vía España de la Ciudad de Panamá, resuelve ese detalle. “Para el hombre que avanza”, dice el slogan del almacén de ropa. Pero Roberto Borge Angulo no avanza.

Construido en la falda de un cerro, el terreno de El Renacer está empinado. En este paisaje de flora exótica del Parque Nacional de Gamboa, situado a 40 kilómetros de la Ciudad de Panamá, se escucha el canto de cientos de loros y el aullido de un mono saraguato.

Borge pasa por otro edificio parecido a las aulas de las escuelas de Quintana Roo y se pierde un momento. Pareciera –si no fuera por los cercos de alambre con enormes púas que intimidan hasta al más valiente– que es una escuela, por el tipo de techo de dos aguas de las tres naves. Dos, construidos de forma paralela y pintadas de blanco, y otra transversal con tejas rojas. 14 ovejas pastan plácidamente en el cerro dentro de los límites de la prisión, ahí donde está la última torre. No son las únicas que podrá contar el otrora poderoso gobernador.

Un enorme buque carguero impresiona por su tamaño y su carga. YHU son los signos que tiene el barco y pasa a 100 metros de esta cárcel, que al este colinda con el Canal de Panamá y con una vía de tren. La vista es interesante. Cruza un tren de carga amarillo con el nombre Panamá Canal Raywall y una incontable carga de contenedores colores rojo óxido, grises y distintos matices viejos color ocre.

Abobado, Borge mira el buque y el tren que coinciden a su paso. Ya tiene distracción, además de contar las ovejas del cerro pelado. Podrá contar, conocer y ser experto en los miles de barcos y buques y cargueros que cruzan los 80 kilómetros de la franja panameña para perderse en los océanos Pacífico y Atlántico. Esta vista del sábado 10 de junio será la que tenga Borge durante el tiempo que dure en ese penal en tanto se le extradita a México.

“Saliendo de verlo. Que le lleves la comida suéter y pantalones jean ahora. Y mañana otras cosas. Ya está el permiso con la custodia de la entrada. Vamos saliendo”.

Fue el mensaje que recibí el viernes 9 de junio vía WhatsApp del abogado de Borge, Carlos Carrillo. Había pactado una entrevista con él en su despacho Carrilloley, en la cerrada San Lucas.

En la tienda Davensa le surtí lo que necesitaba. 106.89 dólares, la moneda que ha desplazado al balboa en Panamá.

En el restaurante tradicional panameño El Trapiche le compré a Borge un pan con lomo y una coca cola de lata.

En el centro de retención preventiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allá en Ancón, en la periferia de Panamá, otrora propiedad de los gringos hasta 1979, hay dos celdas grandes y una pequeña que era usada para orinar. Apesta a orina y excremento. Un preso la medio lavó, y ahí fue “hospedado” los primeros cinco días el detenido de Tucumen.

Ahí se enteró vía sus abogados que fue expulsado del PRI. Ahora cambió su suerte, al menos en lo que toca a su lugar de arresto.

Un policía negro informó que el exgobernador había sido trasladado a El Renacer el viernes 9. Y estaba jubiloso. “Ahí va a estar mucho mejor. Es una cárcel para los que tienen plata y pueden pagar al fiscal para estar ahí. Es un lugar cómodo, y ahí sí llévele lo que quiera. Su ‘amigo’ tendrá la comodidad gracias a sus abogados”.

Max Saavedra, mi taxista, pensando que yo era algún familiar del detenido Borge, me dijo que con 50 dólares al guardia podríamos pasarle al exgobernador el iPhone que tengo.

“Con dinero no sólo puede recibir celulares, sino hasta mujeres”.

La mujer policía saca un oficio y me lee lo que se puede pasar y lo que no. Nada de cítricos ni manzanas. Papaya y plátano sí, y comida que no esté enlatada. Su compañero, un oficial muy receloso, saca el pantalón, lo revisa y lo dobla. La chamarra y el jean negro no pueden pasar. Ninguna ropa color oscuro puede pasar. Esa lata de coca cola también se queda. Una madre que estaba esperando la liberación de su hijo la pide comprar. Se la doy sin costo y la bebe desesperada en medio del calor húmedo del trópico panameño.

La oficial se pierde y le lleva la ropa, los pantalones y la torta de Trapiche.

Suena el mensaje de WhatsApp. El viejo abogado Carlos Carrillo cometió un error de novato. Confundió mi número telefónico mexicano con el de Fabián Vallado, otrora segundo hombre poderoso de Roberto Borge. Llegó a Panamá para lo que se le ofreciera al Boss.

“Perdón. No eran estos mensajes contigo. Disculpa. Cualquier cosa déjalo en mi oficina y te reembolso el gasto”. Los mensajes no eran para mí. Era para un amigo de Borge.

La confusión del “colmilludo” abogado

–¿Y comió Borge su torta de lomo?, inquiero al guardia de apellido Masa. “Por supuesto, se ve que el hombre tenía hambre. El pantalón le vino igual. Y ya tiene polo celeste para recibir visitas. Mañana podrás platicar con él”.

Demasiado tarde el mensaje del abogado de Borge Carlos Carrillo, famoso por encabezar la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Una camioneta blanca se detiene en el estacionamiento de El Renacer. Un hombre de 35 años de edad abre la cajuela y baja una almohada y una maleta negra con ropa y accesorios de limpieza. Dos pizzas grandes y tres bolsas más. Le ayuda una abogada cuarentona de piel cobriza. Es Fabián Vallado, exsecretario privado de Borge y exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Quintana Roo.

Los mensajes para llevarle ropa y artículos eran para él y por confusión el abogado me mandó los mensajes, y sin querer me dio pistas para poder llegar a mi propósito en Panamá: entrevistar al hombre que gobernó Quintana Roo con prepotencia y que saqueó el estado y hundió más al pueblo maya en la miseria.

“El señor trajo del DIJ jabón y mucho papel higiénico, cantidad de papel”, expresó la oficial Ríos. La llegada de Vallado había descontrolado a los guardias. Tenían instrucciones de recibir las ropas de su prisionero y yo llegué primero. Y se desquitan.

En el retén policíaco a cinco kilómetros de la cárcel, dos policías nos hacen la señal para detenernos. El taxista Max Saavedra, quien en su juventud trabajó en el Canal de Panamá, se pone nervioso. “Es que tú grabaste. Ellos se dieron cuenta. Nunca me habían detenido”. El guardia anotó en su libreta mis datos del pasaporte y me interrogó sobre mi estancia en su país y mi sitio de hospedaje. Durante una hora nos retuvieron en ese solitario paraje de Gamboa. A cada momento se comunicaban por el celular. Recibían instrucciones y volvían a llamar a sus jefes de distintas jerarquías. Hasta que devolvieron mis documentos y las del taxista. “Todo en orden periodista”.

Eso fue el reproche del sábado del teniente en jefe de la prisión. “Viniste y pensamos que eras el amigo del señor y resulta que vino el otro y descontrolaste a la guardia. Voy a pedir autorización para ver si te dejan pasar”. Llama y le autorizan. “Puedes pasar, pero no ingreses nada de alimentos. Ni billetera ni celular”, dijo el teniente.

Ingresamos cuesta abajo donde convivían a lo lejos figuras de azul y morado. Hay muchos letreros en el camino en cada rosa y tulipán sembrados. “Esperanza”, “Virtud”, “Familia”, “Hermanos”. Bajar la cuesta de 80 metros enseguida nos hace doler las pantorrillas.

Le dicen “El Ciervo”. Pertenecía a una pandilla en el barrio de Curundu. Asesinó a un rival y tiene una condena de 40 años. Se acerca a barrer él aérea de la mesa de madera despintada donde nos sentamos a esperar a Borge. Es el encargado de organizar las visitas.

“Que venga Roberto”, grita, y uno de sus muchachos se va al edificio de tejas rojas. Es muy servicial y se dice “entregado al señor”. Entona unos himnos religiosos.

–¿Qué tal se porta Roberto Borge, el mexicano?

“Está en el lugar del general Manuel Antonio Noriega, en la enfermería (Noriega salió de esta cárcel el 17 de enero de 2017 para un arresto domiciliario y murió el pasado 30 de mayo de un tumor maligno en el cerebro). Colabora bien. Está cumpliendo con barrer y lavar las celdas del baño y enfermería. Ya hizo amigos ahí y pidió que lo cuidaran”.

–¿Y es bueno con la escoba Roberto?

“Si, lavar los baños le cuesta, pero está aprendiendo. ¿Y usted de que le toca? Oiga, lo vamos a poner a jugar futbol o basquetbol, pues se la pasa encerrado y no quiere salir al patio”.

Roberto Borge cruza la pequeña cancha de futbol. Y mueve la cabeza por todos lados tratando de hallar un rostro conocido.

“El Ciervo” se retira, pues ha llegado su hijo a visitarlo. Lleva diez años en el Renacer y su muchacho ya está en la adolescencia.

Borge busca a su amigo. Igual anda descontrolado.

–Hola Roberto Borge, soy yo el que vino a visitarlo. Venga acá.

Trastabilló con la grava suelta. El tipo se pone pálido. Cambian sus facciones. Está sorprendido. No esperaba verme ahí. Aprieta las mandíbulas. El rostro sin afeitar se pone colorado. El gobernador que me puso en la cárcel por sus caprichos de dictador ahí estaba… derrotado.

Nunca lo había visto en persona, ni antes ni después del encarcelamiento al que fui sometido en su gobierno. Nunca le había visto el rostro. Su cara me recordó a Buzz, el personaje del infinito y más allá de la caricatura infantil Toy Story.

–Vamos a platicar. Esto no es nada personal. Es un trabajo periodístico. Dígame cómo está.

“Yo esperaba a Fabián. No quiero platicar con nadie. Contigo no. ¿Qué haces aquí?”.

–¿Te gustó la torta del Trapiche?, le digo mientras observo el polo color celeste y el pantalón de mezclilla que le traje ayer.

–Por cortesía creo que podremos charlar unos minutos por lo menos, intento convencerlo.

Hay dos guardias que vigilan la interacción de los visitantes y los presos. A ellos se dirige Borge una vez recuperada la compostura. Aún cree tener el mando. Lo soberbio lo tiene a flor de piel.

“Guardias, desalojen al periodista por favor. Manden a desalojar a esta persona”.

El guardia a quien se dirigió, un soldado panameño le dijo: “Si usted manda a desalojar a sus visitas entonces no permitiremos que lo visiten. ¿Cómo sabremos qué visitas quiere y cuál no? ¿Y sabe señor? Aquí a la visita se le respeta. Está en su derecho de no aceptarlo, pero aquí no desalojamos a nadie”.

Borge apresura el paso por la pequeña reja y le dice algo a dos de sus compañeros que se le acercaron y voltean a verme.

Parado contemplo como se escabulle por la cancha de futbol. Presuroso va cuesta arriba a su celda en la enfermería.

Ahora ya no tiene los pies de plomo.

Nota: La celda donde se encuentra Roberto Borge cuenta con un colchón cómodo, una pantalla de plasma. Es más bien un campo de retiro. Dentro del terreno cercado con alambre de púas los prisioneros pueden pasear libremente. La enfermería donde está es la más cómoda. Ahí pasó diez años de su vida el general Manuel Antonio Noriega, hasta su muerte en mayo pasado.

El Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, se convirtió en el primer servidor público en sostener una conversación vía Facebook live, con 300 mil personas de toda la República Mexicana que estuvieron conectadas durante la transmisión de 24 minutos, entre las cuales había derechohabientes y trabajadores del gobierno federal.

Reyes Baeza leyó los diversos mensajes de los usuarios que abarcaron desde felicitaciones, peticiones de revisión de casos médicos, diversas quejas, hasta los proyectos de infraestructura hospitalaria y programas para mejorar la calidad en los servicios, en un diálogo que el titular del ISSSTE calificó como “un ejercicio franco y directo, donde además de escuchar las felicitaciones también recibimos sus preocupaciones”.

Esta interacción representó para el Titular del Instituto abrir otro canal de comunicación para estar cerca de los afiliados, así como conocer de viva voz las recomendaciones hacia el ISSSTE con el objetivo de mejorar la calidad de la seguridad social que otorga la dependencia. Aseguró que se responderán los diversos comentarios y los casos expuestos por los cibernautas, al tiempo que añadió que este ejercicio se hará de manera regular.

En total la transmisión en vivo recibió 2 mil 100 comentarios y 2 mil likes. El video puede ser consultado en la liga https://www.facebook.com/josereyesbaeza/videos/10155751843692971/.

Como parte de la numeralia, la cuenta de Facebook del Director General cuenta con 203 mil seguidores, mientras que en Twitter @ReyesBaeza interactúa con 46 mil seguidores y en Instagram con 10 mil.

El Facebook del ISSSTE tiene 522 mil 730 seguidores, en el perfil de Twitter @ISSSTE_mx, son 73 mil y en Instagram 16 mil 500.

Por Héctor Aguilar Camín |  Dice el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y candidato a diputado local por el Partido Joven, que Rubén le robó la elección.

Como prueba, Humberto aporta este dicho: su amigo El Tato llevó a 18 “familiares” a votar por Humberto en una casilla y en esa casilla salió solo un voto por el Partido Joven. Otro amigo, Pancho Colonias, llevó a 80 “familiares” a votar por Humberto a otra casilla y a la hora del conteo solo había otro voto para el Partido Joven.

El Partido Joven no pudo alcanzar los votos suficientes para tener diputados plurinominales en el Congreso local, lo cual le quitó a Humberto la diputación y el fuero. Todo esto lo he leído en la columna del documentado Gil Gamés: “A gritos” (Milenio, 6/7/2017).

Hay éste y otros indicios de que las elecciones de Coahuila rebasaron todos los límites en materia de manipulación y fraude.

No solo hicieron todas las trampas conocidas de la famosa “operación electoral”, sino que inventaron algunas, como multiplicar los membretes contendientes al punto de hacer imposible la tarea de los funcionarios de casilla de contar y consignar los votos, pues había más de 100 opciones de alianzas locales posibles, y la misma cantidad de votos cruzados que contar y consignar en las actas de resultados.

El escándalo mayor de Coahuila, sin embargo, es que pueda haberse llegado a la   sustracción directa de votos en las urnas, con la complicidad de la autoridad electoral local.

La denuncia de Humberto Moreira es que el gobierno de su hermano Rubén pudo intervenir las urnas y cambiar a mano los votos, como se hacía en los tiempos clásicos del PRI. Un auténtico salto al pasado.

La denuncia de Humberto contra Rubén es  como una lectura de la mano entre gitanos:  un espejo de trampas que los dos conocen. De ahí su fuerza de verdad.

Humberto sabe de cierto que llevó a 18 y a 80 “familiares” a votar por él, porque sabe que él los indujo o los compró, y sabe de cierto que se los desaparecieron. Es decir, que los votos fueron depositados y luego sustraídos.

Ese “luego” significaría que el gobierno de Coahuila hizo un fraude a la antigüita, cambiando los resultados a la hora de contar los votos emitidos.

El fraude de Coahuila puede haber regresado la democracia mexicana a los tiempos del más antiguo PRI.

(LG) Edomex y Coahuila: Los cómputos distritales en el Estado de México y Coahuila incrementaron la ventaja que tenían los candidatos del PRI hasta el domingo pasado y que había sido dada a conocer por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En el caso del Estado de México, ayer, con 99.5 por ciento de los cómputos distritales, el aspirante priista, Alfredo del Mazo, registró 2 millones 41 mil 241 votos (33.71 por ciento); mientras que su más cercana contendiente, la abanderada de Morena, Delfina Gómez, contabilizó un millón 869 mil 347 (30.87 por ciento).

Esto es una diferencia de 171 mil 894 votos, y 2.84 por ciento.

El domingo, el PREP reportó para la coalición encabezada por el PRI, un millón 955 mil 347 votos (33.7 por ciento), y Morena un millón 786 mil 962 (30.8 por ciento). Una diferencia de 168 mil 385 sufragios, y 2.9 por ciento.
El incremento entre el cómputo distrital y el PREP fue de 3 mil 509 votos, y porcentualmente prácticamente se mantuvo.

Al final, en los cómputos distritales se decidió el recuento de 3 mil 357 paquetes, número muy lejano a la petición de Morena de reabrir los 18 mil 605.

“Hasta el momento prácticamente los resultados de los cómputos distritales coinciden tanto con el PREP como con el conteo rápido, con las variaciones mínimas naturales, eso nos da tranquilidad de asegurar a todos los mexiquenses que votaron, que su voto está siendo contado y respetado”, explicó en la sesión de ayer el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio.

Al cierre de esta edición, el cómputo distrital estaba prácticamente concluido, pues solo se estaban trabajando los votos reservados en el distrito 26 de Cuautitlán Izcalli.

Al respecto, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que, “además de otras acciones”, se interpondrá una demanda para que se anulen las elecciones en cinco distritos mexiquenses y, dijo que con ello se reconozca el triunfo, “como debe ser” de su candidata.

“En los distritos que ganó Morena, nunca se rebasa la media de participación de 52 por ciento, que es la zona conurbada de la Ciudad de México, y en los del PRI, dicen, es de 66 por ciento”, detalló.

“PAQUETES VIOLENTADOS”

En Coahuila, con ciento por ciento de las actas computadas por el Instituto Estatal Electoral, el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, registró 482 mil 891 votos (38.90 por ciento), mientras que el aspirante panista, Guillermo Anaya, alcanzó 452 mil 031 sufragios (36.40 por ciento).

Esto representa una diferencia de 30 mil 860 votos, y 2.5 por ciento.

El domingo, con 72 por ciento del PREP, el priista obtuvo 337 mil 682 votos (38.32 por ciento),  y el panista 324 mil 429 (36.81 por ciento). La diferencia fue de 13 mil 253 sufragios, y 1.5 puntos porcentuales.

En este caso, el incremento entre el cómputo distrital y el PREP fue de 17 mil 607 votos, y porcentualmente aumentó un punto.

Guillermo Anaya advirtió que, “por ningún motivo”, permitirán que Riquelme, tome posesión el próximo 1 de diciembre.

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, enfatizó que “vamos a hacer que se anule esta elección.

También acusó que los paquetes electorales para el conteo de este jueves fueron violentados.

“Pedimos que el Ejército resguardara los paquetes y no lo hicieron, los resguardó la policía de Rubén Moreira, y el miércoles dimos cuenta que los paquetes estaban violentados, de que las bodegas y las oficinas donde estaban también estaban violentados”, denunció.

A su vez, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, acusó que el resultado presentado por el Instituto Electoral de Coahuila está “burdamente manipulado”, ya que, dijo, ni siquiera se encuentra dentro del margen arrojado en el conteo rápido, y que dio entonces una ventaja de dos puntos porcentuales al candidato panista sobre el contendiente del tricolor.

“Por supuesto que no reconocemos el resultado dado a conocer esta tarde (ayer), y, que no quede ninguna duda, llegaremos hasta las últimas consecuencias para evitar que logre consumarse este fraude.

“No tenemos ninguna duda de que Memo Anaya ganó la elección. Tenemos evidencias de paquetes electorales alterados, manipulados, que fueron abiertos. El resultado anunciado esta tarde (ayer) es un golpe tremendo para la democracia mexicana, representa una regresión a épocas que creíamos superadas”, enfatizó.

LA SEDESOL NIEGA INJERENCIA

El titular de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, rechazó que la secretaría a su cargo haya influido en los resultados de la jornada electoral del pasado domingo condicionando los apoyos de los programas sociales, los cuales, señaló, estuvieron, por ley, blindados.

El funcionario federal consideró que carecen de fundamento las acusaciones de algunos partidos políticos sobre el presunto uso electoral de los programas sociales para influir en el voto, sobre todo, en el Estado de México.

“Los resultados electorales no reflejan los temas de apoyos sociales, son cosas distintas. En el Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit se reparten por igual los programas sociales a cualquier persona, de cualquier color, sin importar su ideología. Al final de cuentas hubo alternancia en el gobierno de Nayarit y en los gobiernos municipales de Veracruz. No tiene nada que ver”, aseguró.

http://www.milenio.com/politica/aumenta-pri-ventaja-edomex-coahuila-computos_distritales-prep-eleccion-votos-milenio_0_971902818.html

(Aut. LG)