De pena, el debut de Rosario Piedra

Carlos Marín

Rosario Piedra Ibarra parece más interesada en reducir gastos y prescindir de personal que considera desechable en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El sorprendente motivo de su primera conferencia fue anunciar “ahorros” acordes con la austeridad republicana de “la gran transformación nacional que vivimos” (dijo en armonía con la cuarta) de 30 por ciento, parte de lo cual será lo que hoy devengan trabajadores y empleados de confianza que serán echados a la calle.

Tan gobiernista y hacendaria fue su exposición que no respondió si sus próximas apariciones ocurrirán en las mañaneras de Palacio.
PUBLICIDAD

Aunque no es la primera vez que se alude a la desnaturalización de la CNDH, sobresaltó escucharle: “Nos hemos propuesto acabar con la corrupción, la simulación y la impunidad para hacer realidad tener una auténtica defensoría del pueblo, tal y como la pensó Ponciano Arriaga en 1847”.

Mmmh.

(Bien a bien, lo que aquel constituyente liberal promovió fue la Ley de Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, antecedente de la Defensoría de Oficio, la Defensoría Social y de la moderna CNDH.)

Más allá de esta regresión conceptual, la ombudsperson deja ver que desconoce un dato medular: la CNDH carece de facultades para “acabar con la corrupción, la simulación y la impunidad” (tarea del Poder Ejecutivo).

Concluida su contable exposición, la señora dio paso a preguntas periodísticas… limitándolas a 10.

En desorden, unos 12 reporteros que tuvieron la oportunidad de hacerse oír le hicieron tres y hasta cuatro planteamientos de corrido, ella ni los anotó y a casi ninguno contestó.

Una pregunta inicial fue si le dará seguimiento a las recomendaciones hechas durante la gestión anterior, otra se refirió a la de las estancias infantiles (que tanto enojó al presidente López Obrador) pero, como casi todas, las eludió.

Notable, en cambio, fue que se explayara en que no ha engañado a nadie; que su nombramiento es incontrovertible; que la apoyan muchas organizaciones civiles; que aplicará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (ni modo que no); que ningún teléfono celular será pagado por el erario; que se evitarán gastos “innecesarios” en gasolina, electricidad y agua; que todos los funcionarios de primer nivel presentarán su declaración de bienes (de nuez: ni modo que no), y soltó: “Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos”. Ajá. Como si la Comisión que detenta no la tuviera, y sobradamente acreditada.

En 10 puntos adicionales, volvió al combate a la impunidad con una promesa que le será imposible cumplir: “No permitiremos que ninguna autoridad responsable de violaciones se sustraiga de la acción de la CNDH…”.

¿Pues qué se le ocurre poder hacer contra los titulares de Bienestar y Hacienda, el DIF y la Conamer, quienes no solo no pelan la humanitaria recomendación, sino están cometiendo el delito de desacato al Poder Judicial por no restituir el apoyo federal de que fueron privadas las estancias infantiles…?