El suicidio presupuestal de la salud pública

Héctor Aguilar Camín

El gobierno federal puede estar cursando en estos días por el mayor error de política social que se haya cometido en décadas: la instauración del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).

Se trata de una cirugía mayor al sistema de salud pública, practicada sin planeación ni rigor. No una cirugía, en realidad, sino, otra vez, un machetazo.

Sobre la debilidad del proyecto de cambio en el sistema de salud se habían pronunciado con elocuencia y conocimiento prácticamente todos los ex secretarios del ramo.

Y sobre la cancelación del Seguro Popular, eje de la reforma, habían escrito reiteradamente diversos especialistas, en particular el ex secretario Julio Frenk y un grupo de coautores de primera calidad.

Solo en la revista Nexos, a lo largo del año pasado, Frenk y sus coautores produjeron reflexiones y diagnósticos suficientes para conocer con precisión, de antemano, los posibles malos efectos, las incertidumbres y los daños a los pacientes que una reforma así de mal diseñada podía provocar.

Me refiero a estos textos: “Instituto de Salud para el Bienestar: Vino viejo en botella rota”, “Manual de una contrarreforma reaccionaria”, “Austeridad privatizadora”. “Sin lugar para quimeras”, “Focos rojos” o “Hacia la universalización de la salud”, consultables todos en https://www.nexos.com.mx/

Ninguna de estas reflexiones, todas ellas fundadas en datos, historia y experiencia, mereció consideración pública alguna por parte de los diseñadores del Insabi.

El diagnóstico oficial contra el Seguro Popular, cuya cancelación es el eje de la reforma implantada, fue una fácil frase falsa. “El Seguro Popular”, dijeron, “ni es seguro ni es popular”.

“El Seguro Popular no era perfecto, jamás nos vamos a atrever a decir que sí”, ha concedido el ex secretario de Salud Salomón Chertorivski. “Pero creo que ya había una sólida base” (Entrevista con Ana Francisca Vega, MVS, 9 de enero, 2020).

Era, al menos, una base financiera que permitía la atención de primer, segundo y tercer nivel de salud para 53 millones de mexicanos que no estaban en los regímenes formales: IMSS, Issste, Sedena, Pemex, etc.

Al decretar la desaparición del Seguro Popular, el Insabi se hizo a sí mismo el primer daño estructural: una reducción del gasto equivalente, dice Frenk, a un “suicidio presupuestal”.