En vez de quejarse, que den las gracias

Carlos Marín

Me preguntan de dónde saco que la ratificación por otros seis años del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral es legal y se hizo “en defensa propia”.

El cargo es medular en la preparación (el armado logístico) de las elecciones que el año próximo serán las más complejas de la historia, en un entorno de recortes presupuestales y asedio político a la institución que, desde su independencia y eficiencia operativa, ha garantizado la legalidad, transparencia y certidumbre en la selección ciudadana de legisladores locales y federales, así como alcaldes, gobernadores y presidentes de la República.

La ratificación de Edmundo Jacobo Molina fue votada con ocho a favor y tres en contra de los 11 integrantes del Consejo General y avalada por cinco de seis representantes de partidos políticos.

El funcionario electoral estaba por concluir en abril el periodo de gestión en que se ha desempeñado con irreprochable eficiencia. Confirmarlo en el puesto da certidumbre y evita especulaciones, sobre todo cuando se desparrama la pretensión de Morena de alzarse con los cuatro nuevos consejeros que deberá nombrar la Cámara de Diputados para iniciar sus funciones, precisamente, en abril.

La decisión asegura continuidad, lo cual es muy valioso en un órgano del Estado tan confiable como el INE.

En su artículo 45, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales asienta como facultad exclusiva del consejero Presidente hacer su propuesta al Consejo General, y no determina un tiempo exacto para su determinación. Asimismo (artículo 44), el Consejo General designa, o no, al candidato, con el voto de las dos terceras partes de sus 11 miembros.

Ante la facciosa descalificación tanto de la ratificación como de su promotor, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, procede tomar en cuenta que la ley no fija el momento preciso en que debe hacerse la propuesta.

Una elección previa a la fecha de inicio del encargo es normal en la democracia y ocurre en distintos órganos del Estado mexicano, como puede constatarse en el Congreso o en los órganos administrativos. Y sucede para evitar potenciales crisis constitucionales o vacíos decisionales.

La designación conviene a todos, incluidos sus detractores, porque contribuye a eliminar suspicacias y garantiza certeza en una función tan determinante para la operación del INE. El secretario ejecutivo tiene la representación del Instituto y lleva la secretaría del Consejo y la Junta General Ejecutiva. Es además el superior jerárquico de las direcciones ejecutivas, los titulares de las unidades técnicas y de las 32 delegaciones de la institución en el país.

Para beneficio no solamente de la democracia sino de la gobernabilidad toda, en abril el INE no tendrá que empezar desde cero.

Sería delirante que cada vez que haya cambios en el Consejo General, la Junta General Ejecutiva tuviera que renovarse o someterse a ratificaciones.

Enhorabuena.