Gasoductos rigurosamente saboteados

Héctor Aguilar Camín

El gobierno mexicano está en camino de infligirse, y de infligirle al país, un daño económico y político comparable a su clausura del nuevo aeropuerto, un daño que podría ser definitivo en la destrucción de la poca confianza que el gobierno tiene ya, por desgracia, en los mercados y entre los inversionistas.

Me refiero a los litigios de la Comisión Federal de Electricidad, de cara a sus contratos firmados con distintas empresas para la construcción de siete gasoductos, prácticamente terminados, que podrían duplicar la oferta de gas del país.

Uno de esos ductos está completamente terminado y falta solo la aceptación de entrega de parte de la CFE. Es el gasoducto submarino de Tuxpan que liberaría gas suficiente para abastecer de energía eléctrica a la península de Yucatán, hoy a punto del colapso. Los otros seis tienen distintos problemas de terminación, pero están en sus últimos tramos.

El que baja de Estados Unidos por Sonora, por ejemplo, ya estaba terminado, pero fue interrumpido por la comunidad yaqui de Bacum, Sonora, y no puede completarse. Le faltan solo los metros que los bacuneneses destruyeron con un trascabo a la espera de que alguien les diga qué es lo que van a ganar ellos con ese tubo que pasa bajo sus tierras.

Los otros cuatro gasoductos presentan semejantes condiciones de interrupción en la última milla. En lugar de aplicarse a resolver los problemas que impiden la terminación cabal de estos ductos, la CFE se ha dedicado a litigar y a exigir pagos distintos de los pactados.

El gobierno parece estar planteando estos litigios en la misma lógica de establecer el mandato de la política sobre la economía, en cuya lógica clausuró el aeropuerto de Texcoco.

Ahora parece estar enviando la señal de que en materia de contratos energéticos, quien pone las reglas es el nuevo gobierno mexicano, y nadie más.

Hundieron en el aeropuerto de Texcoco una inversión que llevaba 30 por ciento de ejercida. Aquí destruirían contratos de gasoductos que llevan un promedio de 90 por ciento de realización. Pero también destruirían el no muy alto porcentaje de credibilidad económica internacional que les queda.

La verdad, parece demasiada destrucción a cambio de no sabemos qué beneficio.