Iniciativa Mérida y “uso de la fuerza”

Carlos Marín

Hace casi un año, Washington fue sede del Concurso Nacional de Simulacro de Juicio de la Iniciativa Mérida para capacitar abogados en el nuevo sistema penal acusatorio de México y crear una nueva generación de litigantes. Fue parte de un programa del acuerdo de 2008 entre los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón. “Desde 2014, estos programas se han llevado a cabo en México por American Bar Association Rule of Law Initiative y California Western School of Law”, informó entonces la embajada de EU. Cada una coordina concursos de simulación de juicio y talleres de litigios orales para equipos de las universidades participantes. Luego de varias rondas regionales, ambas instituciones organizan un concurso nacional y la final tiene lugar en la capital estadunidense. En los meses previos, 128 equipos se enfrentaron en competencias regionales de simulacros de juicio. El interés en el programa es creciente: en 2014 aplicaron 319 equipos y en 2018 se recibieron aplicaciones de casi 700.

El breviario procede ante el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer la Iniciativa Mérida. Quiere que el dinero que recibía México se destine al desarrollo y la creación de empleos en México y Centroamérica. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que el gobierno de AMLO busca que Donald Trump acepte reorientar esos recursos para el progreso regional “o la consolidación de la Guardia Nacional”, pero en su charla matutina de ayer el Presidente corrigió: de la GN se hará cargo el gobierno mexicano.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para desarrollo. La propuesta que estamos haciendo es un plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. No queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.

A López Obrador lo han mal informado: la Iniciativa Mérida es un acuerdo de seguridad impulsado por Estados Unidos y México que sumó a los países centroamericanos pero no para la cooperación militar, sino dirigido a dos objetivos precisos: combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con el involucramiento de los departamentos de Estado y Justicia: el Pentágono, el Consejo Nacional de Seguridad estadunidense, la CIA y la DEA, y por México el Congreso de la Unión, la Sedena, la Marina Armada, la Secretaría de Seguridad Pública, la ex PGR (hoy Fiscalía General) y el Cisen.

Para ese efecto, Estados Unidos aporta alrededor de 400 millones de dólares al año y los programas comprenden asimismo tareas tan ajenas al uso de la fuerza o los helicópteros artillados como la nada violenta capacitación de abogados mexicanos para que se vuelvan expertos en el nuevo sistema penal acusatorio…