La impunidad, la política y la justicia

 Jorge Fernández Menéndez

Las contradicciones de la 4T no dejan de asombrar. Mientras el propio Presidente llega a amenazar a comunicadores si dejan de ser “prudentes”, a políticos que en el pasado han sido exhibidos como lo peor de la corrupción parece que nadie los molesta en la nueva administración.

Los que fueron llamados los grandes casos de corrupción del final del sexenio pasado se están desinflando penalmente. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz (que no desmerece tanto comparado con la muy desaseada gestión de Cuitláhuac García) está a la espera de una condena relativamente leve, no hay nuevas acusaciones en su contra, los casos importantes no han podido ser instruidos por las autoridades veracruzanas y al exmandatario sólo le queda esperar.

A su esposa, Karime Macías, quien vive en Londres, un tribunal colegiado ordenó que se le repusiera el proceso en su contra. La acusación contra una hermana de Karime por presunto fraude fiscal de tres millones de pesos no parece tener sustancia ni peso.

Contra el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, no se presentaron nuevas acusaciones, no se ve tampoco que avancen las antiguas. César Duarte, el exmandatario de Chihuahua, sigue en Estados Unidos y Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, está en su casa, aunque lo hayan inhabilitado. A nivel federal, no ha pasado nada y el propio presidente López Obrador ha dicho que prefiere una suerte de borrón y cuenta nueva.

Más allá de la política, en términos legales, alguna vez dijimos aquí que una cosa era la convicción de que hubiera casos de corrupción y otra muy distinta comprobarlos ante la justicia. Las acusaciones políticas y sociales contra los Duarte, Borge y otros fueron durísimas, pero comprobar la corrupción, demostrar que ellos fueron los directos beneficiarios, no es sencillo.

La condena pública sirve para el escarnio y en muchas ocasiones para ganar elecciones, pero cuando se debe recurrir a la justicia viene la desazón social porque las condenas no llegan y se convierten, en muchas ocasiones, en resurrecciones políticas.

Casos hay muchos, con creciente poder en los últimos meses tenemos como ejemplo a Elba Esther Gordillo y a Napoleón Gómez Urrutia: las acusaciones vertidas contra ambos jamás se pudieron convertir en condenas judiciales, ambos terminaron absueltos y están en proceso de recuperar e incluso aumentar su poder político.

La política y la justicia no siempre, casi nunca en realidad, van de la mano. Y cuando la primera quiere manipular a la segunda se llega a malos, escasos resultados.

Hablando de manipulación de la ley. El presidente López Obrador dice que intentará acabar con la Reforma Educativa de Peña Nieto por decreto, ordenando a distintas secretarías que no apliquen, que ignoren las disposiciones de esa reforma. Si actúa así en el tema educativo, el Presidente se meterá en serios problemas legales o meterá, que es casi lo mismo, a los funcionarios que cumplan con sus órdenes.

Las actuales normas educativas son legales y constitucionales y se deben cumplir. La reforma, aunque quiera el primer mandatario usar el término, no se puede abrogar. Debe, necesariamente ser suplantada por otra norma legal. Si el Presidente ordena que, por ejemplo, no haya evaluación, que se regrese el control de la educación a los grupos sindicales como la Coordinadora, que no haya concurso de plazas, estará violando la ley y cualquiera que lo denuncie ante tribunales demostrará la inconstitucionalidad de ese proceder y esas decisiones.

Se debe insistir en un punto, la actual norma educativa tiene carácter constitucional: para modificarla, acabar con ella, abrogarla, no dejarle ni un pelo o como se lo quiera llamar, se tendrá que reformar la Constitución, nada más y nada menos. Todo lo otro, son fuegos de artificio para los espectadores.

“LO QUE SUCEDE”

No ha dicho nada más desafortunado el presidente López Obrador en estos casi cinco meses de gobierno que esa amenaza a los medios para que “sean prudentes”, porque “si se pasan ya saben lo que sucede”, aludiendo a las agresiones en redes que sus trolls y simpatizantes ejecutan contra cualquiera que lo cuestione.

Una estrategia tan armada, tan previsible como mentirosa sobre lo que siente y piensa realmente la población: no es la gente, como dijo el Presidente, son grupos financiados por el propio gobierno.

PD: nos tomaremos unos días de descanso, estas Razones se volverán a publicar el jueves 25 de abril. Gracias.