Los excesos del Congreso

Porfirio Muñoz Ledo

La alternancia en el Ejecutivo del 2000 no representó ningún cambio en el Congreso. Por el contrario, Vicente Fox —cuyo partido se encontraba en minoría parlamentaria— permitió a los diputados y senadores del PRI cualquier exceso a cambio del apoyo que le brindaran los gobernadores. Esa fue la cuna de la partidocracia que ha regenteado ambas cámaras y ha sido pródiga en prebendas y alcahueta de impunidades. Sin la regeneración del Poder Legislativo es imposible la Cuarta Transformación del país que determinó el electorado el 1 de julio. Somos el órgano creador y reformador del Estado que determina el marco jurídico de los Poderes de la Unión. Resulta indispensable recuperar nuestra autonomía y revertir una opinión pública que nos es adversa en tres cuartas partes de la ciudadanía.
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Estamos comprometidos con la regeneración del Congreso. Éste no ha sido contrapeso alguno del Ejecutivo, sino su “patiño” a cambio de una corrupta engorda. La complicidad se refleja en el proceso de elaboración del presupuesto federal. La transición abolió la presidencia imperial sobre el gasto público, pero creó un escenario más corrupto: la Cámara de Diputados envía al Ejecutivo el monto de su propio presupuesto —soezmente inflado— mientras la Presidencia lo incorpora a su propio proyecto y lo regresa a la Cámara que lo aprueba unánimemente porque legaliza y consolida todos sus derroches. El Congreso se ha hinchado como un sapo.

Observaciones elaboradas por las auditorías de la Cámara de Diputados e investigaciones exhaustivas de periodistas críticos, como Oscar Camacho, evidencian tráfico de influencias, saqueos, repartición de puestos estratégicos en todos los órganos administrativos de San Lázaro, así como el pago de cuantiosas nóminas para funcionarios inexistentes con sueldos hasta de 150 mil pesos mensuales. Por cierto, dice la leyenda y tal vez la historia que al término de la Segunda Guerra Mundial en la que participó el Escuadrón 201, el gobierno decidió, en lugar de otorgarles una pensión, integrarlos a la nómina de la Cámara de Diputados. De ahí surgió la palabra “aviadores”. Para volver a la tierra, debemos denunciar y castigar dispendios sin cuento: las erogaciones “chayoteras” de sus órganos de comunicación social que ascienden a 107 millones de pesos; y los onerosos contratos de tercerización de servicios cuyos beneficios sólo han engrosado a selectas empresas con vínculos partidistas.

Sostengo que la reforma del Poder Legislativo asegura la sobrevivencia democrática. Nos enfrentamos simultáneamente a la limpieza y reconstrucción institucional de la Cámara. La ineludible política de austeridad obliga a decisiones inmediatas. No basta con la denuncia. Andrés Manuel López Obrador llamo, en el caso de Duarte, un “circo” que enmascara la lenidad judicial. Si encontramos conductas delictivas acudiremos sin merced a la PGR, y en todo caso he solicitado a la Auditoria Superior de la Federación que analice y dictamine sobre las torcidas actividades de los dirigentes y miembros del Poder Legislativo. Me ha sorprendido la eficacia de esa institución que ha procesado durante los últimos años las ilegalidades en que han incurrido los funcionarios de la Cámara.

No sólo se trata de devolver la dignidad y la eficiencia de la actividad parlamentaria, sino de sentar un ejemplo de limpieza política y moral. Estamos en la antesala de una nueva Constitución que todavía no acaba de comprender las inercias partidistas y a la que tienen temor los intereses creados. Me propongo junto a mis compañeros obedecer el mandato popular y cumplir el deber que me corresponde como presiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es la última encomienda de mi vida pública.