Partidos y gobernadores ternuritas

 Jorge Fernández Menéndez

Resulta incomprensible que el gobierno federal quiera acabar con la red nacional de refugios para mujeres víctimas de la violencia. Decir que la mayoría de esos refugios actúan con irregularidades y que se los va a mantener pero bajo la rectoría del Estado, como sostuvo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es una forma de acabar con la red y ponerla bajo la tutela y el servicio del gobierno. Con todo, les fue un poco mejor que a los albergues infantiles, cancelados, y nunca mejor utilizada la palabra, sin piedad.


En el fondo de todo esto está el interés, manifiesto y público, de acabar con los organismos autónomos y con las organizaciones de la sociedad civil que funcionan al margen de la “sociedad política”, diría Gramsci. Al presidente López Obrador, de la sociedad civil no le gusta ni el nombre, y los organismos autónomos, son, para él, instancias simuladoras, producto del proyecto neoliberal.

Hay que acabar con unas y otros. Es mucho más simple insistir en que todo se trata de una lucha del pueblo (conformado sólo por sus seguidores) contra los conservadores (que son todos los demás). Ningún organismo social o autónomo puede existir como un contrapeso y limitador de las acciones del Estado y mucho menos puede recibir recursos del Estado, porque el Estado sólo sirve, en esta concepción maniquea y de blancos y negros, al pueblo que participa, pero que no se organiza en forma autónoma porque para eso están su partido y su gobierno. Uno pensaría que ante esa concepción sería relativamente fácil oponer la visión de la sociedad civil organizada y de partidos opositores, como contrapeso al exceso de centralismo y estatismo. No ha sido así: salvo con capítulos muy puntuales como el de los albergues y el de las estancias infantiles, se ha movido esa sociedad civil y esos partidos en un intento de frenar o, por lo menos, exhibir la medida.

Los gobernadores, que a veces, la verdad, se merecen el adjetivo de ternuritas que les endosó el Presidente, salvo alguna que otra excepción, tampoco han sabido o querido dar la cara ante el embate gubernamental. Lo hacen ahora hartos, con razón, de la estrategia del abucheo en cada acto en el que participan con el presidente López Obrador. Ya se ha divulgado hasta el manual que deben seguir los militantes de Morena en esos eventos para exhibir a los mandatarios estatales.

Los gobernadores deben entender que la única forma de contrarrestar esos movimientos es haciendo política y para hacer política deben tener bases y ellos también movilizarlas. Pero, una vez más con excepciones muy señaladas, han caído en una zona de confort donde lo único que quieren es que los dejen terminar su periodo en paz.

No hemos visto que exijan atribuciones para conformar sus propios cuerpos de seguridad (mejor dicho, los exigen, pero no los integran porque prefieren que mejor se encarguen marinos, soldados o mañana la Guardia Nacional, de sus problemas); no hemos visto que reclamen y movilicen cuando los derechos de sus estados son atropellados, cuando no reciben presupuesto o cuando proyectos esenciales (como son los de la CFE o de Pemex) son cancelados o congelados. Qué mejor ejemplo que el Estado de México, cuyo gobernador no ha dicho ni una palabra, no ha peleado nada por el cancelado aeropuerto de Texcoco, que hubiera creado decenas de miles de puestos de trabajo e inversiones millonarias en su entidad.

Pero lo que asombra es que no exista en la Conago una verdadera rebelión por la existencia de los superdelegados que ya realizan, como verdaderos gobernadores de facto, actos de masas y distribuyen dinero federal sin siquiera avisarle a los gobernadores constitucionales.

Es verdad que la legitimidad de los superdelegados está hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se ve acción política alguna que busque presionar a la Corte para que desaparezca esa posición a todas luces inconstitucional y virreinal.

A ver cómo actúan los partidos ahora que también les quieren reducir los recursos. Siempre he pensado que el financiamiento público de los partidos tendría que ser mínimo, que éstos deberían tener espacios mucho más importantes para el financiamiento privado y que tampoco tiene sentido alguno que se les otorguen espacios amplísimos en radio y televisión para hacerse publicidad gratuita.

Pero estamos en una situación muy especial: el gobierno federal ha centralizado todas las funciones del Estado, tiene una clientela política vía las transferencias personales de todo tipo de 22 millones de personas (ver el excelente artículo sobre el tema de María Amparo Casar, publicado en este número de Nexos), tiene un control inocultable sobre numerosos medios de comunicación, ha cortado financiamiento, como veíamos, a organismos civiles y órganos autónomos. Si

ahora también reduce seriamente los recursos a los partidos de oposición, ésta por definición estará al punto de la desaparición, porque además se mantiene la prohibición de financiarse con recursos privados, lo que podría ser una salida en muchos sentidos.

Si los partidos y los gobernadores de oposición no reaccionan, si siguen simplemente agachando la cabeza y esperando tener justicia y gracia del supremo, que no se asombren si después el propio Presidente de la República los llama ternuritas.