Que se queden

Sergio Sarmiento

Una vez más tomaré una posición que no es políticamente correcta. No estoy de acuerdo con la destitución de los consejeros electorales, ni los nacionales ni los estatales. Nos hace mucho daño como país tener una cacería de brujas cada vez que algunos partidos o candidatos influyentes son derrotados. Debemos dejar de culpar a los árbitros por los resultados en la cancha.

Esto no significa que los consejeros estén trabajando con buenas normas. Las reformas electorales de 1977 a 1997 aportaron avances que nos permitieron dejar atrás el régimen de partido único y empezar la alternancia en el poder, pero las de 2007 y 2014 han establecido un sistema complejo y lleno de restricciones que permite a los más listos, o a los más descarados, tomar ventaja. Eso, sin embargo, no es culpa de los consejeros sino de las leyes. Destituirlos no haría más que agravar la situación.

La información disponible sugiere que las decisiones de los consejeros nacionales y estatales en este 2017 han sido razonables. Cada candidato y cada partido buscó hacer trampa a su manera. Delfina Gómez de Morena realizó actos anticipados de campaña con el disfraz de que era “promotora de la soberanía nacional” y no candidata. El Gobierno perredista de la Ciudad de México condonó el pago de derechos de agua en 69 colonias de Iztapalapa para influir sobre los votantes de los vecinos municipios mexiquenses. El priista Alfredo del Mazo prometió nuevos subsidios populistas, como el salario rosa, y repartió tarjetas que parecían identificaciones de este programa.

Los consejeros juzgaron éstos y otros casos de inconformidades. Sus decisiones no se tomaron por unanimidad, ya que la misma complejidad de las leyes lo hacen imposible. Por eso los consejos generales están integrados por varios consejeros, siete el IEEM, 11 el INE. Sus decisiones, por otra parte, pueden ser recurridas ante los tribunales electorales estatales y federal. El sistema es complejo y costoso, pero está hecho para dar certeza.

El problema es que los políticos mexicanos se han acostumbrado a culpar a los árbitros de sus derrotas. Una larga historia de fraudes electorales y la creciente desconfianza de la población ante cualquier autoridad dan credibilidad a estas acusaciones. Un factor que ha hecho daño en el pasado fue la remoción de consejeros electorales por haber aplicado la ley. El caso más notable fue el de Luis Carlos Ugalde, destituido a pesar de que la norma constitucional vigente lo prohibía.

Cada presunta violación de las normas electorales debe ser estudiada en lo individual. No hay lugar para el dogma en estos casos. Por lo pronto, la Unidad de Fiscalización y el Consejo General del INE han determinado que el PRI y sus aliados violaron el tope de gastos de campaña en Coahuila, pero no en el Estado de México. Esto ha enfurecido a unos y a otros. La furia, supongo, es parte del espectáculo político, como cuando un jugador de futbol increpa al árbitro por un penalty marcado o no marcado. De ahí a exigir castigo a cada árbitro que no se pliega a los deseos del futbolista, sin embargo, hay mucho trecho.

Es inaceptable destituir a los consejeros electorales. Sus decisiones han sido tomadas de manera colegiada y están siendo revisadas por los tribunales. Podemos estar de acuerdo o no, pero despedir a los que no decidan como quieren los políticos acabaría con la independencia que requiere su trabajo.

Lo que sí debemos exigir son reformas a fondo de las leyes electorales. Necesitamos un sistema más sencillo, sin tantas restricciones. Las complejas reglas de hoy no han servido más que para multiplicar los abusos.

Vías públicas

Sólo en México. Los líderes de los ambulantes organizan una manifestación para exigir el derecho a mantener privatizadas las vías públicas en su beneficio.