Traidores a la patria

Sergio Sarmiento

Este 21 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió no ejercer la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para el periodo que le correspondía, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. La razón es que “considera que no existen las condiciones en el seno de la Organización que permitan desempeñar dicha función”.

Esta presidencia se desempeña por orden alfabético durante tres meses. A México le toca cada ocho años, aproximadamente, pero ante nuestra renuncia le correspondía a Nicaragua, solo que Managua también declinó “debido a la ruptura del equilibrio político diplomático que padece la Organización, lo que impide el normal funcionamiento de ese órgano”.

Estas decisiones no son una coincidencia, sino una respuesta coordinada a un comunicado también del 21 de diciembre del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien cuestionó una nueva ley en Nicaragua que “pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral. El Gobierno de Nicaragua, a través de este tipo de actos, le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección”.

La ley es obra del presidente Daniel Ortega, quien ha estado en el poder, en dos periodos separados, casi 19 años, muchos más que los nueve de Anastasio Somoza Debayle, a quien Ortega ayudó a derrocar en 1979. La legislación prohíbe que “los traidores a la patria” puedan postularse a cargos de elección popular, pero tipifica el delito de manera ambigua. Serán considerados traidores a la patria, dice, aquellos que “menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación” o que “lesionen los intereses supremos de la nación”, entre muchas otras posibles causas. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, comenta que “la ley no indica cómo se llegaría a tal determinación, ni quién la adoptaría”. Esta legislación, añade, se une a otras “que imponen graves limitaciones a los derechos de libertad de expresión y asociación en el país y que podrían impedir que haya elecciones libres y justas en 2021”.

Ni México ni Nicaragua logran ningún beneficio práctico al abstenerse de presidir el Consejo Permanente. Si acaso, abdican de la posibilidad de usar este órgano para promover sus agendas. Pero la cancillería mexicana sabe que está aislada en la OEA, por lo que prefiere protestar antes que organizar votaciones. El 9 de diciembre, por ejemplo, solo México y Bolivia votaron en contra de una resolución que condenaba las elecciones parlamentarias del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora el Gobierno mexicano hace este berrinche para defender la dictadura de Ortega.

Uno de los mandatos legales de la OEA es defender la democracia y los derechos humanos. Me parece justo y necesario el cuestionamiento del secretario general Almagro a una legislación nicaragüense cuyo propósito claro es impedir la participación de la oposición en las elecciones. Ante la reacción de México, y considerando las acusaciones que se han hecho en nuestro país contra exfuncionarios por supuesta “traición a la patria”, cabe preguntarse si lo que realmente busca la 4T es prohibir también la participación de la oposición en los procesos electorales. ¡Preocupante!

Vacunas

Fue una ceremonia típica de país subdesarrollado y autoritario. Sobre la pista del aeropuerto, tres secretarios de Estado y dos subsecretarios, entre ellos el poderosísimo López-Gatell, recibieron con discursos no 125 mil ni 1.4 millones de vacunas, sino 3 mil. Luego el ejército, como en las dictaduras, custodió la vacuna a su destino, en una instalación militar.