Yo pago para que me adulen

11 octubre 2017
Leo Zuckermann

Corría el año 1982 cuando el gobierno suspendió su publicidad a Proceso. ¿La razón? La línea crítica del semanario, dirigido por Julio Scherer, al régimen autoritario priista. Así lo expresó, para que no quedaran dudas, el presidente José López Portillo: “Yo no pago para que me peguen”. Esta frase, profundamente equivocada, está más vigente que nunca y es la razón por la que se ha pervertido, en muchos casos, la relación de los medios de comunicación con el gobierno.
López Portillo, típico presidente autoritario, creía que el dinero del contribuyente era de él. ¿Yo no pago? ¿Pues cuál “yo”? El mandatario no estaba hablando de su dinero. Él no ponía un sólo quinto de su bolsa para la publicidad gubernamental. No. El dinero era del Estado. Lo que pasa es que López Portillo tenía una visión patrimonialista del sector público. Creía que los recursos públicos eran de su propiedad. Y, cual si fuera dueño del Estado, demandaba que los medios no lo criticaran, que lo adularan, porque para eso sirve la publicidad.

Dinero público que tenía dos objetivos: la publicación de anuncios para presumir los supuestos logros del gobierno y la utilización de estos recursos para procurar un contenido noticioso benéfico al régimen. Siendo el gobierno uno de los clientes más importantes, más les valía a los medios tener reporteros y editorialistas bien portados. De lo contrario, tal y como lo hizo López Portillo con Proceso, les retirarían los contratos gubernamentales.

Esto ocurrió hace 35 años. México, sin duda, ha cambiado mucho. Pero me temo que no hemos resuelto el problema que genera la gran cantidad de dinero de los contribuyentes que se usa en publicidad gubernamental. De acuerdo con Fundar, entre 2013 y 2016, el gobierno de Peña ha gastado más de 36 mil millones de pesos en este rubro, una cantidad superior, en términos reales, a las que erogaron Fox y Calderón en su momento.

Son, insisto, recursos del Estado, no del gobierno, mucho menos del Presidente. Y, sin embargo, hay quienes siguen pensando, como López Portillo, que son de su propiedad, de tal suerte que los manipulan cuando les disgusta alguna cobertura o comentario. “Yo no pago para que me peguen, yo pago para que me adulen”. Como saben que sus anuncios no sirven de nada (véase la popularidad presidencial), pretenden acallar las voces de reporteros incómodos que andan averiguando abusos y las de los comentaristas críticos de la gestión.

Las últimas víctimas de este sistema han sido María Amparo Casar y Ricardo Raphael, dos voces inteligentes y autónomas pero, sobre todo, constructivas. Su pensamiento lo han puesto, siempre, al servicio de mejorar al país, aunque esto implique, de vez en cuando, criticar al gobierno y su partido. Cada jueves participaban en una tertulia en el programa radiofónico de Leonardo Curzio. Súbitamente, el dueño de la estación le pidió al conductor que los despidiera. Leonardo se rehusó y, en solidaridad con sus colaboradores, renunció.

No son las primeras voces críticas que se han perdido durante este sexenio. Mucho se ha especulado si se trató de un acto de censura gubernamental. Nadie, ni los tres afectados, lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es el efecto perverso que genera tanto dinero público circulando en los medios, sobre todo en manos de funcionarios que, por un lado, creen que los recursos son suyos y, por el otro, demandan pleitesía a cambio de ellos.

Y fíjese usted en la ridícula situación en que estamos. El gobierno gasta toneladas de dinero nuestro, de los contribuyentes, para publicitarse y contar con una poderosa palanca de control a los medios. Pero, como parte de la reforma electoral de 2007, se prohibió que los privados podamos comprar publicidad en radio y televisión para hablar de política. Limitaron nuestro derecho a la libertad de expresión. Así que, por un lado, los contribuyentes financiamos una relación potencialmente perversa entre gobierno y medios y, por el otro, nos prohíben expresarnos porque piensan que el dinero privado puede pervertir a la democracia…

Hay dos soluciones a este problema: o se prohíbe la publicidad oficial en todos los medios o se distribuye ésta con criterios de audiencias por parte de una autoridad autónoma que no pueda suspender contratos por una cuestión de contenidos noticiosos. Y, desde luego, como vengo defendiendo hace mucho, los ciudadanos debemos tener el derecho de gastar nuestro dinero para hablar de política en radio y televisión. ¿Por qué el gobierno sí puede y nosotros no?

Por lo pronto, les mando un fuerte abrazo a Casar, Raphael y Curzio esperando que pronto vuelvan a tertuliar en la radio.