Gobiernos simulan atender calidad del aire: Greenpeace

15 mayo 2019

La Jornada | Los gobiernos federal y estatales, lejos de atender la problemática por la mala calidad del aire, persisten en la simulación, y un ejemplo es que no se han actualizado las Normas Oficiales Mexicanas que regulan los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes y la calidad de los combustibles, ni las de salud ambiental para homologarlas con los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalaron Greenpeace y la Red por los derechos de la infancia.

En un comunicado indicaron que prácticamente en toda el área metropolitana se han presentado concentraciones de partículas PM2.5 que van de los 101 a los 161 puntos, el valor máximo registrado el lunes en la estación Nezahualcóyotl, en segundo lugar, en Iztapalapa con 153 puntos, donde la calidad del aire es calificada como “muy mala”.

También se ha presentado una exposición continua a dióxido de nitrógeno relacionada con enfermedades de las vías respiratorias como disminución de la capacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma y se considera el culpable de los procesos alérgicos, sobre todo en niñas y niños, así mismo se ha asociado las exposiciones crónicas a bajo nivel con el enfisema pulmonar y con otros efectos menores como la irritación ocular y de las mucosas.

Recordaron que desde 2018 informaron que en el país mueren cada año al menos mil 680 niños menores de 5 años de edad por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire y que el número de muertes atribuibles a esta causa ha incrementado casi 60 por ciento entre 1990 y 2015, debido a las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría vinculadas con el uso de transportes como el automóvil.

Agregaron que tan sólo en 2016 -último del que se tiene registro- las muertes de menores de 0 a 4 años representaron 53.4 por ciento del total de muertes por asma en menores de 18 años. En ese año también se registraron mil 902 muertes por infección respiratoria aguda de niños y adolescentes. Hicieron un llamado para que las autoridades cumplan con su obligación legal de avanzar en la construcción de una política pública integral para garantizar los derechos este sector de la población, en particular el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.