López Obrador promete abrir una investigación judicial sobre Cienfuegos en México

19 octubre 2020

Desde la detención el jueves del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, cada intervención del presidente marca un poco más de distancia con el otro golpe reciente de EE UU a un alto funcionario mexicano, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Ambos están acusados de haber trabajado a sueldo para el crimen organizado, invitando al narcotráfico a corroer por dentro las instituciones mexicanas. Sin embargo, mientras la caída del hombre fuerte de Felipe Calderón era para Andrés Manuel López Obrador un indicio grave de que “no había un Gobierno independiente, sino un narcoestado”, ahora considera que “no es lo mismo el secretario Cienfuegos que una institución”. Si ya van al menos 18 funcionarios despedidos en la actual Secretaría de Seguridad, López Obrador ha descartado una “limpia” al interior de las Fuerzas Armadas. Si antes había que respetar las investigaciones de EE UU, ahora toca exigir que se investigue a la DEA y que comparta información para abrir una investigación judicial en México.

Para López Obrador, los dos casos son diferentes fundamentalmente porque la detención de Cienfuegos, más allá de erosionar más todavía el sexenio y la figura de Enrique Peña Nieto, significa un torpedo en la línea de flotación del Ejército mexicano, convertido en lo que va de su mandato en uno de sus pilares fundamentales, ampliando como nunca su poder y su influencia. “Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema”, anunció este lunes durante su conferencia matutina. Desde el día siguiente a la detención de Cienfuegos, el presidente se ha afanado en defender a su secretario de Defensa, quien pese a no estar entre las recomendaciones de Cienfuegos a López Obrador para sucederlo en la Sedena, trabajó bajo las órdenes del general hoy detenido y llegó a ser ascendido y condecorado.

La protección del presidente llega ahora al extremo de retirar a Sandoval de los focos para que sea exclusivamente él quien responda sobre el escándalo: “como comandante supremo voy yo a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”. López Obrador insistió este lunes que fue informado hace unas dos semanas de la existencia una investigación abierta sobre Cienfuegos por medio de la embajadora mexicana en EE UU, pero no de las propias autoridades estadounidenses. En la misma línea de su intervención este fin de semana durante su gira por Chiapas, el presidente volvió a cargar también contra la DEA, acusándoles de “vincularse a instituciones de México, sacar información y resolver sin dar a conocer al Gobierno de México lo que están investigando”.

Espoleando uno de sus mantras favoritos, la soberanía nacional, el presidente se comprometió además a iniciar una investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República, algo que no ha sucedido todavía en relación con el caso de García Luna, que avanza únicamente en los tribunales de Nueva York, los mismos que enjuiciaron al Chapo Guzmán. En esta ocasión, sin embargo, parece que si entrará en juego la justicia mexicana: “Yo voy a pedir toda la información sobre este tema porque es una institución de instituciones, es un pilar del Estado mexicano”.

Lejos quedan ya los largos años en la oposición de López Obrador y sus críticas feroces de la militarización de las labores policiales, una estrategia iniciada por Calderón y prologada por Peña Nieto. La influencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil mexicana ha ido en aumento desde la llegada al poder de Morena, con una política cada vez más clara de mano tendida a los militares. La entrega al Ejército de la seguridad publica no solo ha quedado blindada en una ley hasta el final del sexenio, sino que una de sus medidas estrella ha sido eliminar la policía federal y crear un nuevo cuerpo de espíritu castrense. Más de 100.000 efectivos de La Guardia Nacional están ya desplegados por todo el país con el cometido hacer frente al crimen organizado.

El aumento de poder militar durante el mandato de López Obrador no se ha limitado solo a la esfera de la seguridad. Durante los últimos dos años los militares han asumido encargos tan diversos como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo o el traslado de dinero de programas sociales. La concesión de mayor envergadura ha sido hasta ahora la confirmación el pasado marzo de que la construcción y explotación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México recaería en manos militares. El Ejército no solo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuyas dirección estará ocupadas por militares. El Ejército ayudará a también a construir dos tramos del Tren Maya, la obra pública bandera del sexenio junto al aeropuerto.

Las críticas de las organizaciones de la sociedad civil que llevan siguiendo con preocupación la evolución de los acontecimientos del Ejército han arreciado tras la detención de Cienfuegos. La Plataforma Seguridad sin guerra, que aglutina a académicos y activistas de derechos humanos, exigió una investigación da fondo dentro de las Fuerzas Armadas.