Ningún programa social ha solucionado la pobreza

11 mayo 2019

Por Manuel Mejido | Para acabar con la estructura corrupta que operó durante décadas, es necesario remover y proponer una nueva cimentación.

No se trata de lo que pedía Lenin para la Revolución Bolchevique. Él era enfático al señalar que “el día que lleguemos al poder, asfaltaremos las calles con oro”, lo dijo en francés durante su destierro que pasó en Suiza.

Como si la pobreza y la falta de educación no fueran el origen de todos los problemas en el país, al llegar cada gobierno establece sus prioridades y la manera de manejarlas, siempre al través de programas sociales creados para una buena causa, pero operativamente corrompidos y aprovechados ventajosamente lo mismo por funcionarios que por ciudadanos.

También existen varios motivos por los cuales se ha repartido el dinero público bajo el disfraz de “ayuda popular”, principalmente fue para evitar las críticas, comprar conciencias, financiar campañas políticas y muy pocas veces, para resolver un problema social.

La estructura priista se fincó justamente en la entrega de apoyos a los grupos vulnerables como campesinos, trabajadores asalariados, pequeños empresarios y comerciantes, quienes debían pertenecer a una organización como la CTM, la CNC, la CNOP o cualquier sindicato, para acceder a la dádiva gubernamental.

Un proyecto que tuvo mucho impacto fue el de Solidaridad, creado por Carlos Salinas de Gortari e implementado entre 1988 y 1994. Se caracterizó porque el gobierno ponía el dinero y el pueblo la mano de obra. Fue una manera de vincular a los ciudadanos con la autoridad, luego del encono que ocasionó el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.

Al terminar el salinismo, se exhibió el gran engaño que fue Solidaridad y el abuso cometido en todos los niveles de gobierno. Como Ernesto Zedillo pretendió romper con toda herencia de su antecesor, cambió Solidaridad por Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación). Los mismos objetivos, con igual alcance.

FOX NO APOYÓ A LOS POBRES

A la llegada del gobierno empresarial panista a la Presidencia, en el 2000, transmutó la ayuda popular hacia los pequeños empresarios o emprendedores. Durante su campaña, Vicente Fox prometió apoyar a los “changarros” y que todos tendrían, por lo menos, “un vocho”. Los pobres quedaron en el olvido, del que nunca han salido, y la Volkswagen dejó de fabricar su auto insignia.

Fox creó el Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”, con las mismas bases que Solidaridad y Progresa, que permaneció durante el sexenio de Felipe Calderón con algunas modificaciones y otros grupos se vieron beneficiados.

El gobierno espurio calderonista dilapidó recursos públicos. Concesionó a empresas privadas y a personas cercanas a la clase política, algunos servicios que venía dando el gobierno como las estancias infantiles que manejó el IMSS. De poco les importó la tragedia que ocasionó el cambio en la operatividad porque el 5 de junio de 2009 en Saltillo, Coahuila, se incendió la guardería ABC, donde murieron 49 niños y 91 resultaron heridos.

A 10 años de la tragedia, los padres de los menores siguen reclamando justicia en contra de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, quien sigue en libertad.

El 8 de febrero pasado, López Obrador anunció que se acabaría la entrega de 900 pesos mensuales a las estancias infantiles operadas por particulares, lo mismo que los recursos para albergues de mujeres violentadas y otros sitios para grupos vulnerables, porque la entrega de dinero público sirvió para enriquecer a unos cuantos.

La medida, aunque acertada, fue duramente criticada por la oposición principalmente porque se ofreció dinero a los padres y madres afectados con la decisión, en lugar de presentar un nuevo proyecto que sustituyera al implementado durante la “decena” trágica panista o revisar a quiénes les fueron entregadas las concesiones y que todo hubiera sido legal.

LAS DURAS ACCIONES DE AMLO

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido, sin duda, el proyecto que le costará más dinero al gobierno de Andrés Manuel. Aunque sí hubo corrupción y sobornos para la licitación no sólo de la obra, sino de las empresas que lo iban operar, es necesario que ningún acto ilícito quede en la impunidad.

El 9 de abril, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, compareció ante senadores y negó que la suspensión de la construcción de la terminal aérea en Texcoco se debiera a actos de corrupción. Menos de 24 horas después, el propio Presidente desmintió al funcionario ante los reporteros e insistió que sí hubo actos irregulares.

AMLO no sólo ha desmentido a Jiménez Espriú. Hizo lo mismo con el senador de Morena Ricardo Monreal sobre la iniciativa para regular las comisiones bancarias; al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en dos ocasiones, una cuando el funcionario dijo que podrían suspender la refinería de Dos Bocas y, otra, sobre la posibilidad de revivir la tenencia vehicular.

Pero el Presidente también ha sabido disculparse a nombre de su gabinete como ocurrió después de que el titular de la SCT acusó a Alfredo del Mazo González de haber participado como asesor en la construcción del aeropuerto. Dos días después, López Obrador, desde Palacio Nacional, ofreció una disculpa pública al hijo del exgobernador del Estado de México, y actual mandatario estatal, Alfredo del Mazo Maza.

Andrés Manuel ha sostenido desde el año 2000 su lema, que debería ser entendido por gobernantes y funcionarios: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Pero, como él mismo lo señaló esta semana, no es “monedita de oro”.

Estas son sólo algunas pruebas de los aciertos y errores cometidos por el primer gobierno de izquierda, surgido con el apoyo popular y que está aprendiendo a tomar decisiones.

Según las encuestas, el nivel de popularidad del Presidente ha bajado en estos cinco meses, incluso muchos de quienes votaron por él ahora dudan si lo volverían a hacer. Sin embargo, durante la marcha convocada la semana pasada para exigir su renuncia, sólo se registró en 13 ciudades y el número de participantes en todas no superó ni las 20 mil, la mayoría empresarios o clase media alta que se dedicó a exigir respeto y no ser llamados “fifís”, mientras utilizaban apodos como “Peje” o “Chairo”.

Lo único cierto es que el cambio ya comenzó y nadie sabe a dónde nos llevará.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.