Qué pasará con los 11 exgobernantes en prisión

29 julio 2017

Por Manuel Mejido | En México, los gobernantes y las autoridades postergan las decisiones más importantes y, como en el viejo cuento de la caja china, crean nuevos escándalos mediáticos para encubrir los anteriores.

Este es el año del desgobierno porque quien está en el poder se preocupa por dejar a un sucesor que le cubra la espalda y el que quiere gobernar hace a un lado sus funciones para enfocarse en atraer los reflectores y cobrar favores.

Actualmente 11 exgobernadores enfrentan a la justicia, ocho de ellos se encuentran tras las rejas pero por muy poco tiempo, porque la actual administración está por concluir y heredará las sentencias al gobierno entrante al que poco le interesará resolver cada uno de esos casos y los pondrá en libertad en cuanto pueda.

Todos esos políticos, que para ganar votos en campaña ofrecieron servir a sus estados, ahora son acusados de los mismos delitos: “lavado de dinero, corrupción, delincuencia organizada, tráfico de drogas y malversación de recursos públicos”.

Entre los exgobernadores presos están Mario Villanueva, de Quintana Roo y extraditado a Estados Unidos; Andrés Granier de Tabasco (que busca la prisión domiciliaria por su avanzada edad); Jesús Reyna interino en Michoacán; Guillermo Padrés de Sonora; Flavino Ríos que gobernó Veracruz como interino durante 49 días, tiempo suficiente para abusar del poder; y Javier Duarte del mismo estado y quizá el de mayor escándalo en la prensa nacional.

Además, a la espera de ser extraditados están Tomás Yarrington de Tamaulipas, arrestado en Florencia, Italia; y Roberto Borge, de Quintana Roo, capturado en Panamá.

En calidad de prófugos de la justicia están los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, a quien ya le siguen los pasos en los Estados Unidos, y Eugenio Hernández, de  Tamaulipas. Un caso aparte es el de Rodrigo Medina, de Nuevo León, quien fue encarcelado y liberado el mismo día, gracias a un amparo, no por inocente.

Según cifras de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, sólo 17 de 42 gobernadores o exgobernadores acusados por diversos delitos son investigados por la autoridad y apenas dos serán sentenciados algún día.

“QUE COMIENCE LA FUNCIÓN”, DIJO DUARTE

Al salir de su celda en Guatemala para ser extraditado hacia México, Duarte de Ochoa comentó irónicamente a los policías que lo custodiaban: “Que comience la función. Cámara, acción”, porque sabía el espectáculo que le esperaba. Tal y como ha ocurrido.

Como si se tratara de una telenovela del duopolio televisivo, el exgobernador saldrá libre en cualquier momento ante la incapacidad (real o intencional) de la PGR para fincarle las imputaciones que lo lleven a prisión. Esa falta de pruebas contundentes se observó durante la primera audiencia cuando la autoridad apenas mostró unas cuantas y fueron tan débiles que hasta Duarte siguió riendo ante los jueces.

María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, considera que los escándalos por abusos del poder se agravaron durante la transición del año 2000, cuando el panismo llegó a Los Pinos, aunque realmente comenzaron en 1997 con la alternancia del poder en varias entidades.

La especialista en asuntos de corrupción e impunidad señaló que durante el foxismo los casos por estos delitos ocurridos en los gobiernos estatales crecieron. Sin embargo durante el desgobierno de Felipe Calderón fueron aún más graves y constantes, prueba de ello es que todos los gobernadores en prisión, prófugos o investigados iniciaron sus administraciones durante el pasado sexenio.

Casar advierte que el problema ya tocó fondo y quizá sea cierto porque quienes gobiernen en los estados sabrán que no son virreyes y estarán bajo el escrutinio público, principalmente a través de las redes sociales que tanta fuerza han adquirido en los últimos años y que han servido, en otros países, para derrocar gobiernos corruptos o totalitarios.

La ambición por el dinero público puede ubicarse durante el gobierno foxista, porque la bonanza petrolera de aquellos años permitió a Vicente Fox repartir miles de millones de pesos a los estados que nadie auditó y quienes los recibieron nunca reportaron en qué ni cómo los gastaron.
LA IMPUNIDAD SE DISPARÓ CON FOX Y CALDERÓN

Así siguió con Felipe Calderón, pero el Presidente espurio prefirió destinar esos recursos a gasto militar, para sacar a los soldados a las calles y evitar que la gente protestara públicamente contra el gran fraude electoral que lo condujo por la puerta trasera a Los Pinos.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alfredo Figueroa, entrevistado por El Sol de México, aseguró que “México no es un país democrático, el modelo de tránsito hacia esta forma de gobierno ha fracasado…”.

Considera que “uno de los errores fue haber equiparado la alternancia ocurrida en el año 2000 con la llegada de la democracia. Ese proceso trajo consecuencias graves. La agenda pública en esta materia está destruida actualmente, y la prueba está en los 17 mil millones de pesos que se erogarán para las elecciones del 2018”.

Se aproxima la designación de candidatos a la Presidencia de la República y con ello las acciones que buscan justificar o convencer a la población de que el gobierno en turno hace su trabajo y “va por buen camino”.

Conforme transcurran los días será más frecuente leer en los diarios o ver en televisión más detenciones de exgobernantes y sus colaboradores o de líderes de cárteles que han operado por años en total impunidad. Pero eso es sólo parte de la campaña por algún cargo público.

Casos como el juicio a Javier Duarte o el operativo para detener a Felipe de Jesús Pérez, alias el Ojos, líder del cártel de Tláhuac han servido para ocultar grandes fallas y actos de corrupción en el gobierno de la República como el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes entregó su construcción a una empresa inhabilitada por los abusos en la Estela de Luz y su ineficiencia en la remodelación de la Autopista del Sol.

El INE también ha retrasado su decisión sobre el gasto excesivo en las campañas para gobernador en Coahuila, donde el candidato priista, y ganador de la contienda, se excedió sobremanera en el dispendio de recursos, lo mismo que el panista derrotado.

Mientras que en el Congreso, senadores ni diputados quieren discutir quiénes ocuparán los nuevos cargos de fiscal General de la República (que sustituirá al procurador) y el de Anticorrupción.

La lista de pendientes son demasiadas pero en México todo se deja para después, aunque ese día quizá nunca llegue. Total, el país sigue avanzando, o al menos eso creen los gobernantes.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.