García Cabeza de Vaca en rebeldía

6 mayo 2019

Por Darío Celis | En marzo de 1998 se expropiaron unos terrenos para la construcción del Puente Los Tomates en Matamoros, Tamaulipas. Se decretó que la SCT indemnizara a los particulares.

Inconformes, los afectados propietarios solicitaron amparo por violación de la garantía de audiencia en junio de 2011, el cual causó ejecutoria en abril de 2013.

El Segundo Tribunal Colegiado del 19 Circuito de Tamaulipas otorgó a los quejosos dueños de esos terrenos el amparo para que fueran oídos en el proceso expropiatorio.

En 2014 el gobernador concedió el derecho de audiencia, pero fijó el monto de la indemnización con base en valor catastral y no comercial, en violación a los tratados internacionales.

A los propietarios afectados les notificaron la causa de utilidad pública cuando el puente internacional ya estaba construido y cobrando el peaje en autos, camiones y personas.

Tras la publicación de un nuevo decreto expropiatorio los inconformes solicitaron otro amparo, el cual resolvió en marzo del año pasado la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La máxima instancia que presidía entonces José María Aguilar ordenó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pagar conforme a valor comercial, dándole plazos para el avalúo.

Pero en franca desobediencia, el panista solo ordenó en nuevo decreto que se pagara a valor comercial ignorando los 30 días para el avalúo y los 45 días para la liquidación.

Ante ello se promovió en el Juzgado de Distrito en Materia Civil de Matamoros incidente de incumplimiento y el Poder Judicial resolvió el desacato de Cabeza de Vaca.

El expediente ya se turnó a la Corte, ahora presidida por Arturo Zaldívar, para que se ratifique el incumplimiento y se solicite la destitución del gobernador de Tamaulipas.

Este asunto lleva litigándose 20 años y no se paga, pese a que el gobierno estatal tiene participación de los ingresos que en todo ese tiempo ha cobrado por concepto de peajes.

García Cabeza de Vaca alega que no tiene dinero y que quien tiene que pagar es la Federación, cuando él no tiene facultades para endosarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la indemnización.

Se estima que en todo ese tiempo han ingresado alrededor de 4 mil millones de pesos de peajes.

 

QUE ALGUIEN LE avise al director del Infonavit, Carlos Martínez, que ya no está en los gobiernos del PAN y el PRI y que en el régimen de la cuarta transformación no puede proceder como pretende. Y es que este joven funcionario quiere asignarle directamente, sin que medie licitación, un contrato de no menos de 300 millones de pesos a Softtek. Antes de sumarse al equipo de Andrés Manuel López Obrador, Martínez fue asesor del Consejo de Administración de la CFE. Su chamba consistía en preparar las carpetas informativas para los consejeros independientes. Una era Blanca Treviño, la dueña de Softtek. Ahora los operadores de ésta, a la sazón vicepresidenta del Consejo Mexicano de Negocios, convencieron a Martínez de que les dé un contrato para gestionar tecnológicamente todos los expedientes del instituto bajo la arquitectura de SAP.

Fuente: Periódico El Financiero.