La maraña de espionaje con Pegasus apunta al desvío de fondos en la era Peña Nieto

21 julio 2021

En México, el caso del software Pegasus trasciende al espionaje a periodistas y activistas y apunta al desvío de fondos. Así lo ha explicado este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en la conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es la última novedad de un escándalo que ha revivido esta semana en todo el mundo, con la revelación de listas de objetivos potenciales de clientes del malware. Solo en México, la lista constaba de 15.000 individuos.

Sin dejar demasiado espacio a los detalles, Nieto ha pintado una imagen desoladora del gabinete de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cómplice de una maraña de compañías proveedoras de equipos de inteligencia y empresas fantasma, usadas indistintamente para conseguir contratos inflados y triangular dinero entre ellas. La relación del malware con México va más allá de la Administración Peña Nieto y alcanza la de Felipe Calderón (2006-2012), pero fue durante los años del primero cuando la red se consolidó y consiguió la mayoría de contratos.

Los datos que ha compartido Nieto este miércoles complementan los que divulgó el martes la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado, la dependencia informó por primera vez de que al menos una empresa operó Pegasus en México, KBH TRACK. NSO Group, compañía israelí que ha desarrollado el malware, siempre ha defendido que sus únicos clientes son gobiernos. Ideado para combatir el crimen organizado, Pegasus es un software intrusivo, capaz de capturar la cámara o el micrófono de un celular. En su comunicado, la Fiscalía dice que “NSO Group utilizaba a KBH TRACK, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes”.

Tanto la explicación de la UIF como el mensaje de la FGR dibujan una actitud difícil de entender. Las primeras denuncias por el presunto uso indiscriminado de Pegasus datan de hace cuatro años. En ese tiempo, la Fiscalía apenas ha logrado construir un caso, el de la periodista Carmen Aristegui. Y lo ha hecho gracias a información que entregó la propia Aristegui, de manos de una fuente que filtró miles de documentos de la maraña de empresas. Por lo que ha explicado Nieto esta mañana, ninguno de los datos que ha recogido la UIF consta en la investigación de la FGR. Nieto ha dicho que la semana que viene se entregará la información a la Fiscalía.

Ante el alud de datos de los últimos días, las preguntas se multiplican. ¿Por orden de quién operó KBH TRACK el software Pegasus? ¿De la vieja Fiscalía, del Ejército, del Cisén, la agencia federal de inteligencia? Las tres dependencias son las que firmaron contratos con NSO Group para adquirir el malware de 2012 a 2018. ¿Fue solo una empresa privada o fueron varias? De ser así, ¿con qué criterio lo hicieron?

La red de empresas

Parte de las empresas que ha mencionado Nieto este miércoles resultan conocidas para la sociedad mexicana, caso de Balam Seguridad o Grupo Tech Bull. Se trata de compañías vinculadas a un contrato que la vieja administración de la Fiscalía firmó en 2014 para la adquisición de Pegasus, por algo más de 32 millones de dólares. El documento, rubricado por el antiguo jefe de investigación de la Fiscalía, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, fue divulgado a finales del sexenio de Peña Nieto, en una de las primeras etapas del escándalo por el caso Pegasus. Ya entonces, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad investigó a Grupo Tech Bull, que identificó como una compañía fachada de Balam.

Nieto ha explicado que las dos compañías tienen relación con al menos otras 10. “Esas 10 empresas tienen características de fachada por su escasa permanencia de recursos. Además, tienen accionistas y representantes legales en común y coincidencias en domicilios”, ha explicado el funcionario. “La mayoría de los domicilios pertenecen a oficinas virtuales. Además, los accionistas son relativamente jóvenes y hay incongruencias entre su perfil sociodemografico y la naturaleza de las empresas”.

El titular de la UIF ha dado algunas detalles sobre los contratos conseguidos por las empresas con dependencias del Gobierno federal y gobiernos estatales, en total varios cientos de millones de pesos. Muchos de los contratos, que Nieto ha presentado en un powerpoint, ni siquiera parecen tener que ver con servicios de espionaje.